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El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha reiterado que el proceso de enajenación de vehículos todo terreno del segundo de ambos servicios en el periodo 2015-2019 fue absolutamente "legal" y "transparente" y que por el mismo la Junta obtuvo el mejor precio de mercado, que globalmente ha cifrado en 699.297,84 euros.

En su comparecencia en sede parlamentaria y a petición propia ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente para explicar un proceso que actualmente se encuentra bajo investigación del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, Suárez-Quiñones, al igual de lo que hiciera en el pleno del pasado miércoles, ha apuntado que no existe "ninguna figura delictiva" en la tramitación de hasta casi una treintena de expedientes que ha permitido enajenar un total de 664 vehículos a través de las nueve delegaciones territoriales de la Junta. En Zamora se enajenaron 49 vehículos. El consejero, ha insistido en que a excepción de cinco vehículos, adjudicados directamente a dos ayuntamientos socialistas y a una entidad soriana. El responsable de este departamento también ha justificado la venta de los vehículos públicos en la necesaria renovación de la flota, con algunos de hasta 18 años, más de 400.000 kilómetros y un coste global de reparación de millón y medio de euros, así como por la necesidad de garantizar la seguridad de los funcionarios del Servicio de Montes.

En su intervención, el consejero ha afeado la postura de los responsables del PSCyL y Grupo Mixto, Ángel Hernández y Pablo Fernández, respectivamente, a quienes ha acusado de tratar de utilizar esta cuestión para sacar rédito político.

Pablo Fernández, en tono irónico, ha reconocido haber comprendido de una vez por todas el por qué de la elección por parte del PP de un juez para desempeñar la cartera de Fomento y Medio Ambiente, "ya que éste pasa más tiempo explicando sentencias en contra del TJS que desempeñando su acción políticas". Fernández, además de sostener que el consejero se ha limitado a "echar balones fuera sin explicar nada", ha recriminado también al político del PP por atribuir la responsabilidad del proceso a las delegaciones territoriales.

El socialista Ángel Hernández ha llegado a tildar lo ocurrido de una "chapuza mayúscula" en la etapa del consejero, si bien ha asegurado que lo peor de todo es que "ha mentido clamorosamente al Parlamento autonómico".