La Junta de Castilla y León ha cifrado en un 4,50 % el seguimiento este miércoles de la huelga de empleados públicos autonómicos para exigir la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales, ante lo que los sindicatos, que lo han elevado al 60 %, se que han quejado de unos servicios mínimos excesivos.
Los sindicatos CSIF, UGT y CC OO han convocado a la huelga para este miércoles a los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, después de que fracasaran las negociaciones para aplicar una reducción de su jornada laboral a 35 horas semanales acordada con el anterior gobierno autonómico.
Según los datos ofrecidos por la Consejería de la Presidencia, tras incluir el turno de tarde, la huelga ha sido secundada por 2.767 empleados públicos de los 61.550 que estaban convocados.
El seguimiento entre los funcionarios y el personal estatutario ha sido del 3,65 por ciento, con 1.966 empleados en huelga, de los 53.878 convocados, y del 10,44 por ciento entre los laborales, con 801 de 7.672. El mayor seguimiento de la huelga ha tenido como escenarios las delegaciones territoriales, con un 12,49 por ciento, y las consejerías, con un 12,09. Entre las consejerías, han destacado la de Fomento y Medio Ambiente, con un 23,91 por ciento, y la de Cultura y Turismo, con un 23,33 por ciento. En las delegaciones territoriales, el seguimiento oscila entre el 5,00 por ciento de Zamora y el 16,77 de Soria. Según la Junta de Castilla y León, menor seguimiento de la huelga ha tenido la convocatoria en el sector de Educación, que se ha limitado al 1,82 por ciento, con 422 en huelga de los 23.133. Una repercusión similar ha tenido en el sector sanitario, con una incidencia del 1,87 por ciento, con 428 empleados en huelga de los 22.882 que estaban convocados.
Pero los sindicatos convocantes han calculado el seguimiento en un 60 por ciento del personal que podía secundar la huelga y se han quejado de que los servicios mínimos decididos por la Junta son excesivos, especialmente en Sanidad. Han puesto como ejemplo de servicios mínimos "abusivos" el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde en algunas especialidades han trabajado más técnicos de los que hacen en una jornada habitual. A pesar de ello, fuentes sindicales han asegurado que la huelga ha repercutido en la atención sanitaria y, así, en el Hospital General de Segovia han tenido que cerrar cuatro quirófanos y algunas consultas externas. Al mediodía se celebraban concentraciones de empleados públicos ante las delegación territoriales -cerca de un millar en Valladolid- con cortes de calles que han entorpecido el tráfico.
En León, unos 200 funcionarios se concentraron frente a la sede de la Junta de Castilla y León, donde los responsables sindicales han acusado al vicepresidente del Gobierno autonómico, Francisco Igea, de impedir el acuerdo para reducir la jornada laboral. También en León, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha considerado que "se ha hecho una oferta generosa a los empleados públicos" para aplicar las 35 horas.
La última oferta de la Junta de Castilla y León era volver a esas 35 horas, dos y media menos que en la actualidad, a partir del 1 de abril, aunque los sindicatos reclaman que se cumplan el acuerdo firmado el pasado 21 de mayo que planteaba recuperar esa jornada, una vez superada la crisis, a partir del 1 de octubre, o en todo caso el 1 de enero de 2020.
En una rueda de prensa en Valladolid, el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha advertido que la imposibilidad de llegar a acuerdos con lo sindicatos sobre la aplicación de la jornada de 35 horas semanales "ha cambiado las circunstancias", pero no la voluntad del gobierno regional aunque haya "un escenario presupuestario distinto". Igea sostuvo que la Junta "sigue dispuesta a avanzar en las negociaciones de mejora de los trabajadores y nada va a cambiar esta determinación", siempre, dijo, en base al "diálogo y el acuerdo".
Los tres sindicatos han anunciado que acudirán a los tribunales ante el incumplimiento suscrito por la Junta, a la que han atribuido "mala fe" en la negociación para aplicar las 35 horas semanales.
