La Junta planteó ayer a los sindicatos lo que consideró su última propuesta para impedir la celebración de la huelga general entre los empleados públicos mañana: aplicar el acuerdo para la recuperación de las 35 horas el 31 de marzo de 2020, pero siempre sujeto a la existencia de presupuestos y otro tipo de requisitos financieros.
El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, advirtió: "Si no se acepta, pondremos a trabajar a las mesas técnicas, pero sin prisa de fechas, porque ya habremos superado la fecha de huelga general".
Antes del encuentro, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco,expresaba su deseo de que se pueda llegar a un "entendimiento" con los sindicatos, pero añadía que, si no hay acuerdo ni esta reunión, ni la huelga anunciada para mañana "son el fin del mundo".
Los sindicatos mantuvieron su petición de que el acuerdo sea efectivo a partir del 1 de enero. Además, éstos reclamaron a la Junta que traslade por escrito este nuevo planteamiento ante la "desconfianza que han demostrado" desde el mes de mayo, tal y como coincidieron en señalar los representantes de los tres sindicatos: UGT, CC OO y CSIF. A la reunión asistió, además de Ibáñez, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Mientras la Junta asegura que las posturas "están cerca" y aún es posible desconvocar la huelga, los sindicatos responden que todo lo contrario.
Si las dos partes no llegan a un acuerdo antes de las 14 horas de hoy, los representantes de los trabajadores pararán mañana. En este sentido, Ángel Ibáñez destacó que el Gobierno regional "ha flexibilizado" todas las posturas.
