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El cálculo que hacen las comunidades autónomas de lo que les debe el Gobierno por el concepto de las entregas a cuenta de este año asciende a casi 5.000 millones -300 y 140 más por liquidación del IVA en el caso de Castilla y León- lo que excede en 500 la cifra ofrecida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y que se aprobará en un próximo Consejo de Ministros.

El Gobierno está dispuesto a pagar a las autonomías 4.500 millones correspondientes a esas entregas, tras tener el informe favorable de la Abogacía del Estado, según anunció la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, lo que cierra de momento la polémica entre la administración central y las territoriales por un dinero que no llegaba, al estar el Ejecutivo en funciones y con los presupuestos prorrogados.

Quince comunidades, todas menos el País Vasco y Navarra, serán las beneficiarias de esta partida y Cataluña se sitúa en primer lugar, con una reclamación de 874 millones de euros, según los datos aportados a "Efe" por las Consejería de Hacienda de las distintas administraciones territoriales.

Según las cuentas de la Junta de Castilla y León, el Gobierno les debe 300 millones en entregas a cuenta y 140 por liquidación del IVA.

La Junta de Castilla y León lamentó ayer que la Abogacía del Estado "no sea parcial" en el criterio sobre las entregas a cuenta a las comunidades autónomas en un "cambio llamativo" por la cercanía de las elecciones del próximo mes de noviembre.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, manifestó que oficialmente desconocen la cantidad aunque se haya anunciado que el Gobierno desbloquea los fondos a las autonomías, cuando hace poco había afirmado que no podía tomar esa decisión al estar en funciones.

"Lo llamativo es el cambio de criterio y que la Abogacía del Estado no sea parcial", afirmó Igea, que insistió en que no conocen si también se transfiere la liquidación del IVA correspondiente a 2017, aunque subrayó que lo pendiente con la comunidad son 440 millones de euros, reclamados por carta por el presidente de la Junta.