27 de noviembre de 2017
27.11.2017

Bruselas investiga las ayudas de España a las centrales de carbón

La Comisión teme que los incentivos se hayan utilizado para cumplir las normas medioambientales de la UE

30.11.2017 | 00:25
Bruselas investiga las ayudas de España a las centrales de carbón

La Comisión Europea ha abierto hoy una investigación en profundidad para determinar si las ayudas a las centrales eléctricas de carbón en España se adecúan a las normas europeas.

Bruselas teme que esta ayuda económica se haya utilizado para cumplir las normas medioambientales de la UE, a pesar de ser obligatorias, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes. Catorce plantas se han beneficiado con más de 440 millones de euros de este régimen de ayudas desde 2007.

En 2007, el gobierno español aprobó una serie de incentivos para apoyar la instalación de filtros de óxido de azufre en las centrales de carbón. Estos filtros debían reducir las emisiones de óxido de azufre de las centrales por debajo de determinados límites. A cambio, las centrales tenían derecho a recibir ayudas económicos según el tamaño de la central durante un periodo de diez años.

Desde entonces, catorce centrales se han acogido a este régimen y han recibido más de 440 millones de euros en concepto de ayudas públicas hasta 2020. Entre las centrales beneficiadas, también se encuentran las de Castilla y León.

Según argumenta Bruselas, España no notificó a la Comisión Europea la aprobación de estas ayudas.

Por ello, teme que se utilizara como un incentivo para que las centrales cumplieran sus obligaciones medioambientales, algo que se considera ilegal según las normas de la UE, que no permite ayudar económicamente con el objetivo de contaminar menos.

En la legislación comunitaria existe el principio de "quien contamina, paga"; pero Bruselas sospecha que si finalmente España otorgó ayudas para cumplir los requisitos mediambientales, ofrecería ventajas a las centrales de carbón frente a otras formas de energía, contraviniendo la libre competencia y confiriendo "una ventaja competitiva desleal".

"Esto significaría que el régimen no habría tenido, en realidad, ningún efecto incentivador desde el punto de vista medioambiental", argumenta el Ejecutivo comunitario.

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