Grupo Norte pide un pacto social contra las prácticas empresariales fraudulentas

Álvarez lamentó cómo la Reforma Laboral del año 2012, "que valoramos positivamente", ha llevado a que algunos operadores "hayan aprovechado la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales para imponer determinadas malas prácticas", provocando "una devaluación de la industria de los servicios" que, a su juicio, "empobrece a la sociedad española en su conjunto".

José Rolando Álvarez hizo estas manifestaciones en un desayuno informativo en Madrid, organizado para dar a conocer los resultados del Grupo del ejercicio 2016 así como su plan estratégico 2017-2019. Sin embargo, el presidente de la entidad quiso denunciar "una realidad que afecta a numerosas empresas de la industria de los servicios en España y, como consecuencia, a miles de trabajadores".

Una realidad que hace que la gente esté asociando a las empresas multiservicios como "algo negativo" vinculando a ellas "empleo precario, de baja cualificación y salarios reducidos", y con la que dijo "debemos empezar a marcar diferencias".

Para Rolando, la Reforma Laboral "nos permitió obtener una imprescindible flexibilidad en una situación extremadamente delicada", pero añadió que "una buena legislación que se hizo en un momento se ha convertido en un problema para decenas de miles de trabajadores", reconoció, por lo que llamó a la sociedad a "combatir" esas prácticas fraudulentas que "empobrecen a España" por medio de "un gran pacto social que establezca un crecimiento armónico como garantía de estabilidad, donde los salarios estén vinculados a la productividad y que suponga un antídoto contra la desigualdad".

"Necesitamos un gran pacto social que impida que haya una España a dos velocidades y donde las prácticas fraudulentas no tengan cabida en nuestra cultura empresarial", subrayó el presidente de una entidad que da hoy trabajo a más de 12.000 empleados.

Un gran pacto social al que convocó a partidos políticos, sindicatos, administraciones y también consumidores, para apostar por "un nuevo modelo basado en el conocimiento y en el valor, donde la competitividad se alcance gracias a empleos productivos y no a costa de los salarios", y frente a estas prácticas que ha llevado a "convenios que se han negociado en fraude de ley y que han sido anulados por el Tribunal Supremo, ya que tienen como único objetivo reducir costes pagando a miles de trabajadores salarios inferiores a los del sector".