Los propietarios de viviendas que quieran ofrecerlas para uso turístico tendrán un plazo de seis meses para registrarlas en la Junta de Castilla y León y evitar así las multas de entre 9.000 y 90.000 euros con las que el decreto que acaba de ser aprobado pretende evitar el "intrusismo profesional".

La portavoz de la Junta, Milagros Marcos, ha informado de esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha dado luz verde a este decreto, el primero que regula en Castilla y León los establecimientos y viviendas de uso turístico, en la línea de la normativa básica estatal al respecto.

Marcos defendió que esta normativa va a tener como efectos principales la erradicación de la "actividad clandestina" en el sector turístico, la "competencia desleal" y dar "facilidad para el emprendimiento", ya que los procedimientos establecidos para regularizar este tipo de establecimientos son "sencillos", al requerir únicamente una declaración responsable de actividad y su inscripción en el registro.

La Junta no tiene una estimación del número de inmuebles que tendrán que registrarse si quieren funcionar legalmente como alojamiento turístico en Castilla y León, aunque la consejera ha dado como dato de referencia inicial unas "280 unidades de vivienda que podrían acogerse a esta nueva regulación".

Para velar por el cumplimiento de esta normativa, la portavoz ha anunciado que el procedimiento básico será el de realizar un seguimiento de los alojamientos ofrecidos en las web que actualmente canalizan la mayor parte de este mercado y comprobar si disponen del número de registro correspondiente.

La portavoz de la Junta afirmó que una de las notas definitorias de las viviendas turísticas es su comercialización por canales de oferta turística (fundamentalmente agencias de viajes y centrales de reserva). Aquellas viviendas que no se publiciten por estos medios quedarán fuera de la regulación turística y seguirán sometidas, como hasta ahora, a la normativa de arrendamientos urbanos.

De acuerdo con las características de este tipo de establecimientos de alojamiento turísticos la exigencia de requisitos técnicos es básica. En ese sentido no se establecen categorías que sirvan de referencia para conocer la calidad de los establecimientos, ya que el turista tiene la información necesaria a través de medios tecnológicos para conocer las características de las viviendas de uso turístico.

Por otro lado, Milagros Marcos aseguró que la única oficina de la administración regional en el exterior estaba en Bruselas porque los locales comerciales de Excal (Exportaciones de Castilla y León) eran de una empresa privada, donde el Ejecutivo regional solo tenía una pequeña parte del accionariado.

Marcos confirmó que la Junta ha facilitado toda la documentación disponible sobre el alquiler de la oficina de Bruselas, requerida por los juzgados y los grupos parlamentarios en las Cortes porque "confiamos en la transparencia". En ese sentido, aseveró que el Gobierno autonómico contestó al PSOE "convenientemente".