Los procesos de reordenación y racionalización del sector público en Castilla y León permitieron ahorrar al Ejecutivo autonómico 1.354,5 millones de euros entre 2011 y 2016. El último informe publicado por el Ministerio de Hacienda, que refleja la situación a 1 de julio de 2016, expone que en estos seis años la Junta ahorró ese importe gracias a las actuaciones de reestructuración o extinción de 28 entes públicos, con una reducción de sus plantillas de 3.802 efectivos.

El documento constata que los procesos de extinción supusieron una reducción de las plantillas en 3.235 trabajadores, con un ahorro global en el periodo de análisis de 1.312,9 millones de euros. El informe precisa paradójicamente que en los primeros seis meses de 2016, el ahorro se convirtió en déficit, hasta 17,6 millones de euros respecto a 2015.

Asimismo, los procesos de reordenación de entes públicos acometidos por el Ejecutivo autonómico supusieron una reducción de personal que afectó a 567 trabajadores; y se derivaron unos ahorros que sumaron 41,6 millones de euros.

Estas actuaciones en el conjunto de las autonomías permitieron unos ahorros por 25.207,8 millones de euros, entre 2011 y 2016, con una reducción de las plantillas en 31.766 efectivos.

En este sentido, Castilla y León suprimió 28 entidades del sector público desde 2011 hasta el 1 de julio del 2016, un 96,5 por ciento de lo comprometido en esa fecha. De ellos, 25 ya han sido eliminados, mientras que los tres restantes se encuentran en estadios muy próximos a la extinción, según se desprende del informe sobre reordenación del sector público autonómico que ayer publicó el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que recordó que la Comunidad se había comprometido, al inicio del proceso, hace siete años, a suprimir únicamente dos entes, con lo que el porcentaje de cumplimiento, lógicamente, se ha disparado en ese sentido.

En España, las comunidades autónomas redujeron su sector público en 854 entidades desde el 1 de julio de 2010 (fecha considerada para el inicio del cómputo de los procesos de reordenación), lo que supone 41 entidades más que las computadas a 1 de enero de 2016. En todo caso, el Gobierno reseñó que de esas 854 entidades, 187 han cesado en sus actividades, se han extinguido con posterioridad a ese 1 de julio de 2016 o están en fase muy próxima a la extinción.