El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, reconoció que el Gobierno que preside Mariano Rajoy ha tenido que tomar medidas que no estaban en el programa del PP que son «duras, difíciles e impopulares» pero «imprescindibles» para corregir los desequilibrios económicos. Así lo indicó ante el pleno de las Cortes de Castilla y León cuando el portavoz de la oposición, el socialista Óscar López, le pidió un balance del primer año del Gobierno que preside Mariano Rajoy.

Herrera manifestó que para hacer este balance es necesario analizar 2012 en un contexto más amplio y reconocer que es el quinto año de crisis y el segundo de un periodo de recesión, por lo que se tuvieron que articular unas normas consensuadas de estabilidad presupuestaria. Tras presentar estos antecedentes de crisis y recesión, y sin presupuestos hasta bien avanzado el año, Juan Vicente Herrera reconoció «en corto y por derecho» que el paro es el principal problema de Castilla y León. «El paro era, es y seguirá siendo nuestro principal problema, en España y en Castilla y León» y, además, «la consecuencia más dramática de esta crisis de cinco años», por lo que consideró negativo el año 2012 para la comunidad autónoma.

El portavoz del Grupo Socialista, Óscar López, tras reconocer que el Gobierno de Rajoy «llegó de una crisis», advirtió de que el desempleo «no ha hecho más que crecer» y que «ahora hay más parados pero con menos derechos», por lo que consideró que la reforma laboral emprendida por el PP ha sido «nefasta» y ha propiciado el incremento de los expedientes de regulación de empleo.

Óscar López puso de manifiesto una serie de recortes en materia de educación, sanidad, como las guardias médicas rurales, y servicios sociales, y resaltó que Castilla y León ha sido la comunidad autónoma en la que más se han incrementado los desahucios de viviendas. «En un año todo ha ido a ido a peor», sentenció Óscar López, quien sin embargo ha visto en el sector de la automoción una evolución positiva gracias «a sindicatos y trabajadores», en alusión al Plan Industrial de Renault. Por otro lado, la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, calificó de «"error» que se cierren paradores, más aun los situados en pueblos, y el procurador de UPL, Alejandro Valderas, planteó medidas como la «coacción» para evitar el ERE, después de las inversiones realizadas en muchos de ellos que son monumentos. García expresó el rechazo frontal de la Junta al cierre temporal de Paradores y explicó que ese «malestar» se ha trasladado al ministro, a la secretaria de Estado de Turismo y a la presidenta de Paradores, con quien se reunirá el próximo viernes. Al menos el Pleno se cerró con un acuerdo: la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, y el procurador socialista José Luis Cepa coincidieron en mostrar su rechazo al Decreto que regula la nueva norma del ibérico y ambos pidieron su retirada si no incluye las principales alegaciones alcanzadas con el sector en Castilla y León.