Reunidos en una misma mesa, ambos repasan los momentos vividos, el inicio del nacimiento de una región hoy ya cohesionada pero que en aquella época sufría graves tensiones territoriales, y la inestabilidad de un proceso incipiente cuyo objetivo era «eso que se ha llamado el Estado de las Autonomías», tomando las palabras del discurso de investidura del primer presidente de las Cortes regionales, Dionisio Llamazares.
El caso de Angel Fernando García Cantalejo es singular, no en vano fue, con 28 años, uno de los 84 procuradores que formaron las primeras Cortes de Castilla y León, elegido como procurador por su provincia, Segovia. Ha sido parlamentario en cinco de las seis legislaturas -tras un espacio de cuatro años, entre 1999 y 2003, en el que se dedicó a otras ocupaciones en el Ayuntamiento segoviano-, de forma que sus recuerdos son parte de la memoria histórica de todos los castellanos y leoneses que vivieron aquellos inestables pero emocionantes momentos, aunque desde fuera del hemiciclo.
«Lo que más me llena es el orgullo personal de haber participado en construir algo que no existía y cuando ves lo que era la Comunidad en 1983 y lo que es ahora, en 2006, realmente te sientes muy satisfecho por haber participado en ese proceso. No solo es un sentimiento en lo personal, también en lo político, por haber contribuido al crecimiento de Castilla y León», admite García Cantalejo.
Por su parte, Santamaría señala que en política «nadie está porque le obliguen, ni por dinero, porque ser parlamentario no es sólo venir a las Cortes, es estar pendiente las 24 horas del día». Desde su participación en las Cortes desde 1991 ininterrumpidamente, admite que este trabajo exige una «gran entrega» y que el «orgullo» lo siente «por conseguir pequeñas cosas, aunque sea muy lentamente y conlleve una labor titánica para lograrlo».
Sin hemiciclo
Tras la aprobación definitiva del Estatuto de Autonomía el 25 de febrero de 1983 y la posterior convocatoria de elecciones, el 8 de mayo, se eligieron a los 84 procuradores que formaron aquel primer ente autonómico. En su mayor parte, carecían de experiencia política más allá de sus funciones como concejales o alcaldes de municipios y eran muy jóvenes, ya que, a juicio de Santamaría, en la Transición se dio «un gran divorcio generacional» en ambos bandos políticos, relegando a los políticos maduros en el caso de la derecha, porque se asociaban con el franquismo, y en el de la izquierda, porque en su mayoría se encontraban en el extranjero y «no conocían lo que era España», añade Cantalejo.
Sin embargo, y pese a la confrontación entre ideologías políticas opuestas, «no había el clima de confrontación que puede darse hoy, porque había un interés en sacar esto adelante entre todos», asegura el procurador socialista. «Echo mucho de menos la relación humana que había entonces», confiesa, mientras recuerda encuentros en la cafetería entre procuradores de distintos grupos políticos «contando chascarrillos y echándonos unas risas».
Durante el primer año de legislatura, ni siquiera existía una sede fija para las Cortes, debido a los conflictos territoriales, por lo que se pensó en que el Parlamento itinerara por las provincias. Por eso, las sesiones de investidura tanto del presidente de las Cortes, Dionisio Llamazares, como del de la Junta, Demetrio Madrid, se celebraron en Tordesillas, en concreto en la iglesia del Real Monasterio de Las Claras, el 21 y 23 de mayo de 1983. Asimismo, el primer pleno ordinario de las Cortes tuvo lugar el 30 de junio en el Alcázar de Segovia.
Fue en esta sesión en la que se planteó la necesidad de buscar un lugar estable, dada la escasa operatividad de la anterior fórmula. Entonces, la Diputación de Valladolid ofreció el Castillo de Fuensaldaña, que estaban reformando para convertirlo en Parador, y así se convirtió en sede provisional de las Cortes. «Los despachos actuales eran las futuras habitaciones del Parador, con camas y todo, aunque no estaban todavía colocadas», indica el procurador segoviano.
Y los plenos se celebraban en el actual Salón Rojo, en una situación realmente «incómoda» en la que casi no cabían los parlamentarios y los periodistas. Aquellos que intervenían, tomaban notas con un cuaderno sobre las piernas, ya que no había mesas, y era una misión casi imposible intentar llevar algún libro o documentación de apoyo para los debates. Se tardó «casi un año» en pensar en construir el hemiciclo, que ocupó el patio de armas del Castillo.
La multiplicación de la actividad de las Cortes, debido a la descentralización de las transferencias del Estado ha modificado en muchos aspectos el Parlamento regional. Si en el primer año el presupuesto del Gobierno fue de 3.600 millones de pesetas -según recuerda Cantalejo, el de 2006 supera los 9.000 millones de euros. Pero no sólo en las cuentas públicas se notan los cambios; en la primera legislatura se aprobaron 30 leyes, la mitad que en la quinta; en 1983 sólo había 2 mujeres entre los procuradores, mientras que hoy son 30; entonces las convocatorias se hacían vía telegrama, opción pronto relegada con la aparición de las nuevas tecnologías.
El proceso preautonómico
Todos estos difíciles inicios se sustentaron en el Estatuto de Autonomía para Castilla y León, que tardó cinco años en hacerse realidad. Desde 1978, momento en que se constituyó el Consejo General para coordinar el proceso preautonómico, las tortuosas relaciones entre la UCD y el Partido Socialista ralentizaron la aprobación del texto estatutario, que tuvo como impulso el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
En este momento, según recuerda Carlos Travesí, director del Archivo General de Castilla y León, centro que atesora toda la documentación relativa a este periodo, ambos partidos asumieron que estaba mucho en juego y «a la vista de lo que podía pasar, aceleraron los trámites para la redacción del Estatuto». Además, el intento golpista abrió los ojos al PSOE sobre la necesidad de cambiar la actitud que mantenía intentando desgastar al Gobierno de la UCD, también en Castilla y León, por una más dialogante para construir el Estado de las Autonomías.
Además de este problema de la lucha de poder entre ambos partidos, en Castilla y León existía por entonces un grave conflicto en cuanto a la cuestión territorial, con aspiraciones de creación de entidades administrativas diferenciadas desde varios frentes. Por un lado, estaba la reivindicación leonesa -todavía presente en la actualidad de la mano de la Unión del Pueblo Leonés- que pretendía varias fórmulas desde la autonomía uniprovincial, hasta la unión con Asturias o la creación de una región formada por León, Zamora y Salamanca, de acuerdo con la conformación que hiciera Javier de Burgos en 1833 siguiendo las pautas del antiguo Reino de León. Por otro, estaban las aspiración de Segovia de constituirse en autonomía uniprovincial, las dudas de los partidos de Santander y las diferentes apuestas sobre los límites de Castilla.
Junto a esto, en la provincia burgalesa había cierto «malestar» porque se quería incluir a las actuales comunidades de Cantabria y La Rioja en el mapa autonómico que se estaba debatiendo. En este complicado contexto de tensiones territoriales, se aprobó el Estatuto el 25 de febrero de 1983, que al principio no incluía a Segovia.
