Madrid.- La consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, aseguró ayer en Madrid que el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca puede «quedar reducido a nada» si el Tribunal Constitucional no impide la salida de nuevos documentos.
Así, advirtió que la entrega de los «legajos» a particulares representaría la salida del 50 por ciento del fondo documental, que podría perderse porque todos estos escritos carecerán de cualquier tipo de protección jurídica. «Una vez que esté en manos de los particulares la podrán vender o destruir sin ningún tipo de limitación», afirmó.
«Lo que hemos pedido -dijo- es que el Constitucional pare el desastre de salida de documentación de particulares porque se puede ver agravado con la petición de otros gobiernos autonómicos que podrían tener la razón por vía judicial». «Lo hemos dicho siempre y no es ninguna hipérbole. El Archivo podría quedar reducido a nada. No es ninguna exageración. Estamos diciendo la verdad y el Gobierno está mintiendo de manera reiterada», agregó.
En este sentido, Silvia Clemente dijo que el Gobierno lleva «mintiendo» desde el principio porque la inicial salida de documentos a la Generalitat de Cataluña se ha extendido a los particulares de todas las comunidades y, según su opinión, por vía judicial, se puede ver extendido al resto de los gobiernos autonómicos, ayuntamientos y otro tipo de instituciones.
Silvia Clemente también denunció que la comisión técnica que debe analizar la documentación que se entregará a los particulares no es «ni imparcial ni objetiva» y exigen que no salgan más papeles hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre las deficiencias que ya ha denunciado el gobierno autonómico. «Sólo el TC puede parar la salida de documentación. Además, debe tomar una decisión que anule esta ley porque está destruyendo el patrimonio histórico y está cometiendo un expolio, que es la principal denuncia de nuestro recurso de inconsticucionalidad», concluyó.
Villalba dice que se están enmascarando los problemas
El secretario general del PSCyL-PSOE, Angel Villalba, acusó ayer al Gobierno regional de «poner puertas al campo para enmascarar sus deficiencias» y desviar el debate, con la polémica sobre el Archivo de la Guerra Civil, de los problemas de la Comunidad. Así valoró Villalba la propuesta anunciada ayer por la vicepresidenta primera de la Junta, María Jesús Ruiz, quien apuntó que el Ejecutivo autonómico realizará un análisis sobre la titularidad de los bienes de Castilla y León en el exterior para una posible reclamación.
Si bien, el líder regional de los socialistas señaló su complacencia con esta iniciativa «si persigue la revitalización de una de una de nuestras señas de identidad más importante, como es nuestra historia». Sin embargo, criticó que la Junta quiera «confrontación» y no aborde los «problemas de la Comunidad que sigue desequilibrada y con poca capacidad de competir a pesar de los millones de euros que ha recibido de la Unión Europea». También censuró varios capítulos del Ejecutivo regional como «las corruptelas en la sanidad, la situación de los funcionarios y de los agricultores».
El Tribunal Supremo rechaza la petición de parar la expropiación del Palacio de Orellana
Un auto de la sala sexta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo rechaza la petición de la familia propietaria del palacio de Orellana -construcción con la que se ampliará el Archivo de la Guerra Civil- con la que los dueños pretendían paralizar la expropiación del inmueble. El portavoz del Grupo municipal Socialista, Fernando Pablos, aseguró que este auto pone de manifiesto que «el proceso de expropiación sigue adelante».
