El arquitecto Román Ávila, denunciante de irregularidades en el edificio Villalar en Benavente, ha roto su silencio después de años, para salir al paso de las afirmaciones realizadas por los grupos en la oposición del Ayuntamiento benaventano, respecto al acuerdo realizado entre este y la administración local para poner fin al proceso judicial de años y que llevará a una indemnización de más de 100.000 euros del Ayuntamiento y la paralización del derribo del inmueble. “Insinuaciones, desconocimiento y falsedades que expresan “al alimón” Saldaña (portavoz de Ciudadanos) y la líder del PP, ambos como ediles, y el primero con el estímulo añadido de la defensa de su compañera de grupo, propietaria y propulsora del recurso contra el acuerdo (refiriéndose a la también concejala de Ciudadanos Sara Casquero)”. Dice Ávila que “ambos aparentan no conocer lo que ha ocurrido en la procelosa umbría de la corrupción urbanística en Benavente durante los últimos 25 años, municipio conocido y destacado por esa cualidad en Castilla y León. Sobre el edificio Villalar no nos dicen qué hicieron durante los últimos 15 años mientras encubrían a los responsables, ni durante los últimos años del PP cuando el Ayuntamiento simuló cumplir la sentencia sin legalizar el edificio, el PP disimulaba en silencio y Saldaña … como las vacas mirando al tren”.

El arquitecto se refiere al recurso presentado por la comunidad de propietarios que ha dejado en el aire el acuerdo de mediación intrajudicial entre las partes de este procedimiento. “La comunidad de propietarios rechaza el acuerdo que evita la demolición de un edificio, habitado durante años por sus moradores y defendido como legal, habitable, cómodo y práctico, frente a las sentencias. Ahora que las partes en el proceso acordamos el indulto, utilizando consenso y diálogo progresista, los propietarios exigen el derribo, es insólito que pretendan la demolición de su propiedad cambiando radicalmente de parecer, sin aparentar un gramo de incertidumbre”.

Aclara Ávila que “con el acuerdo el edificio se queda como está, sin sufrir más daños que los ya infringidos por simuladas obras de legalización, amparadas por técnicos, soportadas sin críticas por los moradores, sin afectación para los propietarios, pagadas por el Ayuntamiento con el dinero de todos, todos amparados por el Ayuntamiento. Saldaña ya sabe a cuánto asciende esa cuenta y la repercusión resultante por cada benaventano, que nos lo diga. Saldaña conoce los gastos judiciales para el Ayuntamiento de este largo proceso judicial, los habidos y los presupuestados para el recurso contra el acuerdo que ahora plantea la comunidad. Saldaña: Suma todo y nos lo dices”.

“Tirarlo y legalizarlo es inviable. Los propietarios están pensando que es posible pero para mí sería inconcebible. Los propietarios están pensando que el Ayuntamiento va a demoler el edificio con dinero público y que se va a hacer un edificio como el que hay y no es así porque va a tener menos viviendas, menos plazas y menos locales y viviendas más pequeñas. Mientras se hace van a tener que habitar en otro sitio y habría que sumar daños y perjuicios. Con tres millones de euros, no lo van a hacer”, consideró el arquitecto ante las pretensiones de los propietarios de las viviendas.

Ávila que pretendía con este acuerdo de mediación poner fin a este largo capítulo de su vida explica que son más de “15 años perseguido por gobiernos municipales de varios colores” y hace hincapié en que en la mediación se estableció protocolo de confidencialidad entre el mediador y las partes de facto en la controversia, a las que se añadió la comunidad de propietarios del edificio como nueva parte “invitada”. Cláusula que se ha violado, explica.

“Todos han mirado para otro lado y han vetado mi actividad”

Román Ávila explica, refiriéndose a los grupos en la oposición PP y Ciudadanos que “los que ahora rechazan el acuerdo de indulto deben recordar la historia: un solar del alcalde, lo vende a la empresa del teniente alcalde, un proyecto con una veintena larga de Infracciones Urbanísticas Graves, en 24 horas una licencia exprés, conocidas las denuncias continúan (delinquiendo, prevaricando), otorgan otra licencia para el Villalar 2 con las mismas infracciones y con los mismos arquitectos, pero con equipo de gobierno de otro color, y continúan”. Lamenta que “todos esquivan su responsabilidad, entorpecen la labor de la administración de justicia, impiden el cumplimiento de la sentencia firme durante más de 6 años y se dedican a perseguir al denunciante por todas las vías imaginables, destruyen a Román y a toda su familia con actuaciones propias de un “cártel mafioso”. Nos arruinan en todos los aspectos posibles: personal, profesional, físico, social, económico”.

Y continúa explicando “Saldaña y PP eluden su responsabilidad, eluden la Ley de Enjuiciamiento Criminal arts. 259 y 262, miran para otro lado, me persiguen y me hacen la vida imposible, vetan mi actividad profesional. El promotor vende las viviendas del Villalar y Villalar 2, algunas se revenden, la mayoría conociendo lo que ocurría, mientras Román paga pleitos, soporta el veto, sufre un expediente disciplinario colegial impulsado curiosamente por los mismos arquitectos autores del Villalar”.