El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) recurre a una empresa para que le ayude durante un periodo de tres años en las tareas de inspección del "macrocontrato" de concesión para la construcción y explotación durante 30 años del tramo Benavente-Zamora de la Autovía de la Ruta de la Plata (A-66), que se adjudicó en 2012 por 998 millones de euros.
El departamento de Ábalos vuelve a recurrir a la asistencia técnica para hacer cumplir el contrato que se formalizó en diciembre de 2012 con el consorcio formado por las empresas Cintra, Acciona y el fondo Meridiam. Además de la construcción de la autovía, que se puso en servicio en mayo de 2015, incluye la conservación y explotación durante un periodo de 30 años de este tramo de 49 kilómetros.
Transportes alega “insuficiencia de medios” para recurrir a los servicios de una empresa con la que vigilar si se cumplen los compromisos del consorcio que se hizo con el contrato, que estrenó en Castilla y León el sistema de pago por uso y que permitió cerrar la construcción de la Ruta de la Plata, entre Gijón y Sevilla. Las obras que comenzaron en el verano de 2013 con un presupuesto de 179 millones, se ejecutaron en 24 meses, lo que permitió, con cierto adelanto, poner en servicio los nuevos 49 kilómetros en mayo de 2015.
El valor total de la operación asciende a 998 millones de euros. Se ajusta al procedimiento de pago por disponibilidad, dentro de la política de colaboración público-privada. Este sistema incluye la construcción de la autovía y su posterior conservación y explotación durante un periodo de 30 años a partir de la formalización del contrato.
Como contrapartida, la administración quedó obligada a realizar un pago mensual por disponibilidad y llevará a cabo mediciones de contraste, mediante indicadores de calidad y servicio, en su labor de inspección y control. De hecho, los Presupuestos Generales del Estado para 2021 contemplan una partida de 32,47 millones, frente a los 29,22 millones abonados en 2020. Para 2022, la partida se prevé que aumente hasta los 33 millones.
El mecanismo previsto de retribución al concesionario consiste en un sistema de pago por disponibilidad, denominado Canon Mensual por Prestación del Servicio, a través de los cánones anuales a pagar por la Administración a la empresa adjudicataria según los cálculos efectuados en el Estudio de Viabilidad. El concesionario está obligado a mantener las condiciones de vialidad, seguridad, comodidad, respeto ambiental, y de pervivencia de la autovía. El canon mensual por prestación del servicio con el que se remunera a la concesionaria por poner a disposición de la sociedad la autovía depende de los indicadores de estado y de calidad del servicio.
Cada indicador tiene unos umbrales que deben cumplirse y en caso de que no se cumplan, deben subsanarse por el concesionario en el plazo establecido para cada uno de ellos.
