El sindicato UGT, que en 2017 declaró públicamente una ruptura de relaciones con el Ayuntamiento de Benavente, acaba de perder su cuarto pleito contencioso-administrativo contra la Administración local benaventana. A estas derrotas judiciales se suma otra demanda laboral desestimada en las tres instancias posibles, incluyendo el Tribunal Supremo.

La Federación de Servicios Públicos (FSP) del sindicato recurrió en esta ocasión la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal funcionario municipal, de la que pidió su revocación. En concreto planteó hasta ocho razones diferentes, a las que se opuso el Ayuntamiento, que solicitó la desestimación íntegra del recurso, como finalmente ha ocurrido al considerar la magistrada que la RPT es ajustada a derecho.

Mantuvo UGT en su demanda que la Junta de Personal no es el ámbito adecuado para la negociación de las RPTs de los empleados público (funcionario) y que dicha negociación debería haberse realizado de forma paralela a la negociación de la RPT del personal laboral, firmándose un documento único para todo el Ayuntamiento que contenga todo el personal a su servicio.

Denunció también la falta de notificación del documento final y que la Mesa General de Negociación se reunió en dos ocasiones, escindiéndose posteriormente para la negociación en Junta de Personal únicamente para el personal funcionario y no se ha convocado ni vuelto a reunir para el personal laboral, por lo que existe una falta de negociación con los representantes de los trabajadores.

Asimismo acusó al Consistorio de demora injustificada en la eficacia del acuerdo; de indebida configuración de los complementos de destino y de la asignación de niveles incluidos en la RPT respecto del Reglamento de 2003 que habían sido ya negociados con los representantes sindicales; de incorrecta e incompleta asignación de tareas en determinados puestos de trabajo; de vulneración de los intereses de los empleados públicos en cuanto al incremento de las retribuciones que se establecen en la LPGE; y de vulneración del Reglamento de Funcionarios en cuanto a los complementos a aplicar a los nuevos nombramientos y los niveles de consolidación.

Ni una sola de estas reclamaciones ha prosperado. La magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 las ha rechazado una a una por ser contrarias a la realidad o no incumplir precepto legal alguno.

Finalmente ha impuesto al sindicato las costas, aunque limitadas a 500 euros más impuestos. Este hecho ha generado malestar en el Consistorio. Fuentes municipales explicaron que el coste de la defensa en este pleito supera los 3.000 euros, y es la cuarta vez que las demandas de UGT conllevan costas limitadas "pese a los elevados gastos judiciales y de recursos municipales que conllevan para el Consistorio".