La reforma del artículo 135 de la Constitución que dejó paso a la aplicación de la Regla Europea en la contabilidad de las administraciones españolas obligó a todos los ayuntamientos a ponerse en el peor de los escenarios posibles cada vez que liquidan un presupuesto. Están obligados a cumplir tanto la regla de gasto y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo que en la práctica significa no contabilizar los ingresos hasta que se producen, pero sí los gastos, aunque no se hayan producido. Esta situación obligó el año pasado al Ayuntamiento a realizar un Plan Económico Financiero que tendrá que actualizar ahora. Sin embargo, el presupuesto municipal del 2018 se ha liquidado con un resultado ajustado de 733.852 euros, y con un remanente de tesorería para gastos generales ajustado de 4,6 millones de euros, cantidad que refleja la situación financiera real en la que se encuentra el Ayuntamiento a corto plazo. La capacidad de liquidez es alta y el periodo de pago medio a proveedores es de 23 días. "En conclusión con lo expuesto, esta Intervención emite informe preceptivo favorablemente de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018", indica el informe.
