La resolución del Consejo General del Poder Judicial se produjo a última hora del mediodía, horas después de que la comisión de la plataforma de abogados y procuradores de Benavente anunciase que los funcionarios de los dos juzgados se suman a la asociación en contra de la supresión del partido judicial benaventano «por los graves perjuicios que ocasionaría no solo a la ciudad, sino a toda la comarca», entre otros motivos.

«Si bien es cierto que esta medida afecta directamente a los colectivos de abogados, procuradores y funcionarios judiciales, no lo es menos que todos los ciudadanos se verán afectados gravemente en su derecho al acceso a la Justicia, por lo que desde esta plataforma usaremos todos los medios a nuestro alcance para defender que Benavente y su comarca mantengan una institución que además de histórica, consideramos fundamental para su desarrollo social, estructural y económico», alegaron en un comunicado.

En Madrid, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, insistió en la «provisionalidad» del documento, cuyo objetivo es «abrir el debate», y negó que vayan a suprimirse partidos judiciales. «Se trata de reorganizarlos en un nuevo diseño», manifestó, aunque reconoce que en algunas poblaciones podrían desaparecer las sedes de determinadas jurisdicciones, como la penal o la civil, en función del nuevo diseño, informó Europa Press.

El mapa propuesto por el CGPJ «no pasa por señalar cuáles deben ser las cabeceras de partido en cada territorio, ya que dicha competencia corresponde al Ministerio» y Gabriela Bravo ha insistido en que los cambios, «aunque asustan a todos», no deben causar alarma. También ha descartado que el nuevo diseño judicial vaya a suponer pérdida de empleos.

El objetivo de la iniciativa del CGPJ es superar el actual diseño, que data de 1988, con el fin de asegurar la proximidad de la justicia al ciudadano, lo que no está relacionado directamente, según Bravo, «con el número de kilómetros que separen su domicilio del juzgado».

Circunstancias sociales, geográficas y políticas han marcado la confección del mapa que según la portavoz del CGPJ «no invade competencias de otros poderes del Estado que son, al fin y al cabo, los que deben tomar la decisión final sobre este asunto».

A última hora de la tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León hizo público el documento que explica el diseño de la nueva demarcación judicial. El TSJ no dejó de recordar que como ya apuntó su presidente, José Luis Concepción, «la propuesta tiene una vocación marcadamente provisional» y se dirige a iniciar «un proceso de debate sobre una cuestión cuya importancia exige un sosegado análisis y la participación de todos los interesados».

En el caso de Zamora, de cinco partidos judiciales se pasan a dos. Según el «documento de trabajo», como lo ha definido el Consejo General del Poder Judicial, un único partido judicial agrupará diez juzgados (los seis de Zamora, los dos de Benavente, el de Toro y el de Villalpando) dando cobertura a 184.000 habitantes. Continua como tal el partido judicial de Puebla de Sanabria que daría servicio a 9.602 habitantes.