La Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León (Feporcyl) ha señakado que la directora general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Esperanza Orellana, se mostró receptiva el cambio de nombre de "explotaciones" por el de "granjas porcinas" que le fue solicitado. A su vez el colectivo autonómico realizó observaciones sobre la nueva norma -ahora en periodo de audiencia pública- que regulará el sector.
En este sentido las indicaciones realizadas afectan al proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas. El presidente de Fepporcyl, el soriano Miguel Ángel Ortiz Latorre, estuvo acompañado en la reunión ministerial por el vicepresidente de su directiva, el abulense Alberto Pascual Romero. El proyecto de Real Decreto pretende adecuar la realidad de la producción ganadera "a un sector en constante evolución, en línea con la evolución del marco legislativo en materia zootécnica, sanitaria y ambiental". A esta actualización, la ley añade la revisión "en profundidad" de "los pilares de la normativa de ordenación sectorial porcina: la sanidad animal y la gestión ambiental de las granjas".
Según los datos presentados por el presidente de Feporcyl el pasado mes de septiembre, en Castilla y León hay alrededor de 4.756 explotaciones de cerdos, y más de cuatro millones de animales, produciéndose un incremento en el censo desde el año 2016 del 2,9 por ciento, y del 22 por ciento desde 2013.
En palabras del también presidente de la Asociación Provincial de Productores de Ganado Porcino de Soria (Aporso), la Comunidad ha pasado de vender a mercados exteriores de 85.855 toneladas en 2013, a las 143.757 con las que se cerró el 2017, "lo que se traduce, en valor económico, de 223,5 millones de euros a 356,5 millones en sólo cinco años", dijo.
Feporcyl considera necesario actualizar la ordenación del sector porcino para que "quede regulada claramente su interacción con la sociedad dada la relevancia que en nuestra Comunidad está alcanzando", indicó Ortiz Latorre.
Las alegaciones y observaciones de la Federación Castellano y Leonesa están dirigidas "al día a día de las granjas". Los ganaderos objetan en primera instancia el nombre de "explotaciones" y quieren recuperar la terminología de la granja que se establece en el entorno rural, a diferencia de los polígonos industriales. "Buscamos el bienestar animal y la integración con el entorno rural sin perder de vista la razón de ser de todo empresario que es la viabilidad económica de su negocio", defendió Feporcyl.
Entre otras consideraciones, la Federación pide en sus alegaciones que la norma contemple "registros mínimos y una trazabilidad de los animales" de las granjas de autoconsumo y la necesidad "de aunar en un documento estándar toda la documentación a elaborar en la granja y que sea común a todas las comunidades autónomas para evitar desagravios". Además, consideró "peligroso e incongruente" abrir la posibilidad de limitar la construcción de nuevas granjas de porcino por razones de carga ganadera excesiva o medioambientalmente por contaminación de aguas "ya que si se cuenta con base tierra suficiente o el titular va a tratar el 100 por 100 de los subproductos esta medida no estaría justificada y podría atender a criterios no justificados". Finalmente, pidió una contraprestación por reducción de emisiones, "como puede ser la inclusión en Proyecto Clima", ante los costes que asumen los ganaderos en materia de protección medioambiental.
