El conflicto de los aparcamientos subterráneos de San Martín y la plaza de la Constitución vive hoy su penúltimo episodio con la apertura de los sobres A que indicarán el número de ofertas presentadas para hacerse con el servicio. Toda vez superado este trámite, en un plazo aproximado de dos meses, habrá que proceder a la licitación de los contratos y finalmente será necesario resolver la indemnización que la empresa Iridium reclama al Ayuntamiento de Zamora. La cuantía que solicita la firma asciende a los 20 millones de euros, aunque en la Casa de las Panaderas aseguran que "ni por asomo" la cifra va a llegar a ese punto. Así ha sido el proceso de un contrato que ha traído de cabeza a la capital durante los últimos 20 años.
En el año 1999, el Ayuntamiento de Zamora adjudica un contrato para la gestión del servicio de la ORA y la construcción y explotación de los aparcamientos subterráneos de la plaza de la Constitución y el parque de San Martín. La empresa Urbaser-Dragados se hace con el contrato y arranca las obras en los parkings. Y casi inmediatamente, otra de las concurrentes, la empresa Dornier, recurre el proceso.
En septiembre del año 2004, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anula la adjudicación realizada en su día en favor de Urbaser-Dragados por no existir anteproyecto económico. En este momento, el Ayuntamiento de Zamora trata de revertir la situación con un recurso de casación y el asunto llega hasta el Tribunal Supremo dos años más tarde, donde finalmente se dilucidan las responsabilidades del conflicto.
En octubre de 2006, el Tribunal Supremo rechaza el recurso de casación y no solo declara nulo el contrato realizado en el año 1999 sino que condena en costas al Ayuntamiento de Zamora. La empresa es obligada a seguir prestando el servicio por interés público, pero el contrato deberá salir nuevamente a licitación a la mayor brevedad posible, aunque no lo haría hasta once años más tarde.
El acuerdo entre el Ayuntamiento y la adjudicataria era que esta última se comprometía a costear la construcción de los aparcamientos a cambio de explotarlos durante 35 años. Al declararse nulo el contrato y estar ya construidos los parkings, la firma reclama ante el Consistorio una indemnización. Según su propio peritaje, las arcas municipales deberían desembolsar 20 millones de euros para resarcir el perjuicio.
La finalización de este conflicto enrocado desde hace casi dos décadas se sustenta en dos pilares fundamentales. El primero, la licitación, que a su vez es necesario para proceder al segundo, la indemnización. Pese a la estimación de 20 millones de euros realizada por Iridium Aparcamientos -filial de Urbaser para las concesiones- en el Ayuntamiento de Zamora creen que la cifra está muy lejos de eso. Intervención calculó en 2010 que la cuantía podría ser de 4,5 millones, a lo que habría que restar el canon que la empresa ha dejado de pagar estos últimos años.
