La suerte le había sonreído durante años y, a unos meses de jubilarse, creyó que podría irse por la puerta grande, con una fiesta de despedida y regalo de sus compañeros incluido. De hecho, la fiesta estaba ya organizada y a punto de celebrarse cuando el director del Inss tuvo que dar orden de que se suspendiera. Y explicar las razones al personal, que no daba crédito a lo que escuchaba. Tras 16 años percibiendo una pensión que no le correspondía, la de su abuelo fallecido en 1993, y haber manipulado otras pensiones para favorecer a su padre y una amiga, el exjefe de pensiones del Inss, de iniciales C.Ch.V., creyó haber hecho un negocio redondo. No reparó en modificar incluso una copia de su DNI para hacerlo pasar por el documento de identidad de su abuelo fallecido en 1993, ni en falsificar el certificado de vivencia del anciano cuando el banco donde se ingresaba la jubilación solicitó los documentos para mantener abierta la cuenta.
Ahí comenzó su pesadilla, fue el fin de una carrera hasta entonces brillante, modélica para sus compañeros y sus jefes, que le tenían por un hombre de máxima confianza. De hecho, era el único que tenía el acceso a los expedientes, ya informatizados, de las pensiones, quien resolvía incidencias, rehabilitaba y daba de baja las prestaciones. Un poder que le permitió cometer ilegalidades sin ser descubierto. Todo habría ido sobre ruedas de no ser por la Ley Montoro contra el blanqueo de dinero que obligó a todos los titulares de cuentas bancarias a presentar sus DNI.
