Las competencias impropias de carácter social de la Diputación Provincial de Zamora genera un déficit "cercano a los 3,5 millones de euros". Así lo evidencia el grupo provincial de Izquierda Unida a la luz de la cuenta general de 2016, donde "se mantiene este déficit un año más". La portavoz de la agrupación, Laura Rivera, pone el acento de nuevo en la residencia Virgen del Canto de Toro, "cuyo déficit se acerca a los dos millones de euros", en concreto, 1,8 millones. Los informes técnicos de Intervención alertan sobre el centro de mayores, con unos gastos de 2.626.833 euros y unos ingresos de 805.613 de ingresos, "de los cuales sólo se han recaudado 281.210", puntualiza Rivera. Intervención advierte sobre un servicio "totalmente deficitario con tarifas que deben ser objeto de modificación, puesto que la cobertura del servicio es del 10,71%". De igual modo, IU trae a colación un dato "contundente" reflejado en el informe de Intervención que es el número de usuarios. En este sentido, "se atienden a 48 personas mayores y el gasto por cada uno se eleva hasta los 54.725 euros, mientras que en 2015 eran 52 usuarios y el coste era 55.188".

Laura Rivera hace alusión también a la ayuda a domicilio, "cuyo déficit se duplica con respecto al año anterior", unos datos que "ratifican la propuesta de que debe aumentarse la partida presupuestaria para este servicio que no cesa de aumentar también en la provincia pese a la disminución de la población rural, debido al envejecimiento de ésta", argumenta.

En cuanto al resto de servicios que cubre la Diputación Provincial, la agrupación de Izquierda Unida hace referencia a la guardería de La Veguilla, con un déficit que cuantifica "en 115.488 euros", y a los centros psiquiátricos, "con 352.487 euros, aunque se ha reducido sensiblemente respecto al año anterior". En teleasistencia, que no arrastra ningún tipo de déficit, Rivera pone el acento en "la reducción del coste por disminución de los usuarios".

La adición de todos los números negativos dan como resultado 3,4 millones de déficit, una cifra en la que IU pone la lupa al considerar que "si bien la prestación de estos servicios es imprescindible en la provincia, se trata de una situación irregular desde el punto de vista administrativo, porque deben ser financiados en su integridad por la Junta". Pero, sobre todo, es una situación "injusta con la provincia porque se detrae de otras competencias propias".