Llegó a Zamora para ofrecer su visión, como jurista, sobre la situación de la mujer y cumplió. Fue especialmente escrupulosa y aparcó su condición de política, diputada del PSOE en el Congreso y firme defensora de la opción de Pedro Sánchez para liderar el partido tras las primarias. Margarita Robles, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, reivindicó medios para luchar contra la violencia de género, que el PP ha recortado en un 26%, y para que los jueces puedan investigar la corrupción.

-Participó en el debate "Justicia, femenina y singular", queda camino, el poder masculino sigue muy presente.

-Sí, desgraciadamente queda mucho, aunque ya hace años que hay mayoría de mujeres, pero en la cúpula son una minoría. En el Tribunal Supremo, de los 90 magistrados solo 11 son mujeres; en el Constitucional, solo dos mujeres frente a 10 hombres; de 17 presidentes de tribunales superiores de justicia, solo una mujer... Y a la única mujer fiscal general del Estado que ha habido se le cesa, por no asumir injerencias del Ejecutivo.

-¿Cómo se explica esta situación en el siglo XXI?

-Sigue habiendo muchas prevenciones frente a la mujer, desconfianza cuando llega a cargos superiores en el mundo judicial. Formalmente no hay diferencias pero la realidad sigue premiando a los hombres. Los tics culturales no han cambiado: a la mujer se le exige que se ocupe más de la casa, hablamos de conciliación y no de corresponsabilidad de hombre y mujer.

-¿De dónde parte esa desconfianza?

-No sé si es un problema cultural o quizás que, por ese afán de los hombres de acumular poder, cuando llega el momento de designar cargos directivos, se tienen muchísimas prevenciones para elegir mujeres.

-El ministro de Justicia llegó a decir que "no había mujeres de perfil y entidad suficiente para el Constitucional".

-Es una ofensa a miles y miles de mujeres juristas de este país de más de 40 o 45 años que podrían ir al Constitucional, con cualificación y preparación, sino superior, igual a la de los hombres. Equiparo esas declaraciones con las del eurodiputado polaco de extrema derecha: cuando un ministro de Justicia es capaz de menospreciar el trabajo y la formación jurídica de las mujeres juristas de este país no está haciendo ningún servicio a la democracia española.

-¿Dónde está la voz de las juezas que no se les ha oído replicar?

-Sí, hicimos en el Consejo General del Poder Judicial una mesa redonda de las asociaciones judiciales reivindicando el papel de las mujeres, pero en este sistema nuestro hay un especial interés del Poder Ejecutivo, e incluso de los medios de comunicación en, en que no se nos visibilice, en opacar esa realidad.

-¿El machismo ha regresado al ámbito judicial o nunca se fue?

-En las generaciones más jóvenes ya no existe, pero en la cúpula judicial se sigue produciendo. Me gustaría que en los medios de comunicación se sacara a la luz cuando reivindicamos las juezas, lamentablemente no sale. Este problema ha pasado a un segundo lugar frente a la falta de medios, con juzgados sobrecargados absolutamente porque a los jueces lo que de verdad nos importa es prestar un servicio ágil a los ciudadanos y con la actual escasez de medios es muy difícil.

-¿Es impensable que el CGPJ sancione a un jueces que culpan en sus sentencias a las mujeres violadas, como aquella juez que preguntó a una víctima si había cerrado bien las piernas?

-En la Ley Orgánica del Poder Judicial es una infracción grave por no tratar con el debido respeto a quien acude a la Justicia y más cuando es la víctima de un delito. Cuando yo entré en la carrera judicial siempre se nos culpaba, se ha evolucionado muchísimo, ahora son excepciones, casos mínimos.

-¿Qué medios precisaría el Pacto contra la Violencia de Género?

-Debe empezar por la educación en las escuelas, fundamental, se está reproduciendo entre adolescentes y ellas lo asumen como natural. El sistema está fallando. Tenemos que dar seguridad a las maltratadas que hacen un enorme esfuerzo para denunciar. Hay falta de medios en la policía, no se usan las pulseras de seguimiento a maltratadores, no hay políticas psicosociales para ellos. No basta con decir tolerancia cero, se precisan medios, la mujer llega a casa sola y tiene verdadero miedo.

-El Estado parece actuar cuando existen protestas como la de la Asociación Vela Luz, ¿qué sintió cuando las escuchó?

-Es tremendo. La violencia de género siempre me pone los pelos de punta, me preocupan los casos que no se denuncian por miedo. Si los poderes públicos reducen el presupuesto, algo estamos haciendo muy mal.

-La sentencia del caso Noós, la condena a Urdangarín y la absolución de la Infanta, ¿ha restado credibilidad a la Justicia?

-La sentencia se puede criticar o no, pero desde el punto de vista jurídico es correcta. Ocurre, y es razonable, que hay junto a los judiciales otros procesos en la opinión pública, los juicios paralelos: la sociedad dicta un veredicto informal y llega a sus propias conclusiones. El Estado de Derecho tiene que basarse en la aplicación de normas, por eso, a veces, hay un divorcio entre lo que la sociedad quiere y lo que los tribunales dictan. Soy ferviente defensora de la presunción de inocencia y en este país parece que estamos dando una vuelta de calcetín y todo el mundo es culpable.

-¿El ciudadano yerra al creer que la justicia no es igual para todos? Blesa y Rato en la calle...

-Los ciudadanos hacen una valoración muy respetable, desde el punto de vista social, muy válida, pero los tribunales aplican la Ley. Otra cosa es que se diga que estas leyes nos son suficientes.

-El ciudadano no entiende que quien se lleva millones de euros vaya 6 años a prisión y un ladronzuelo tenga una condena más dura.

-Hay causas en las que el delito no es el de robo, sino el de prevaricación. No hay que cuestionar a los tribunales, sino los preceptos del Código Penal. Un juez no puede actuar con arreglo a la "venganza", hay que diferenciar entre esta y la justicia. Cuando vemos un comportamiento éticamente reprochable queremos la mayor dureza, pero el juez debe ir a los hechos concretos en relación con el Código Penal, por eso la justicia se representa con una venda en los ojos.

-¿La denuncia del fiscal general de Murcia sobre amenazas y presiones para no investigar casos de corrupción pone en jaque a la necesaria división de los poderes Ejecutivo y Judicial?

-Es especialmente grave. Los jueces tienen muchísimas dificultades para luchar contra la corrupción, ahí tenemos al juez Pablo Ruz, a quien el propio ministro de Hacienda le negó documentación. Con unos juzgados sobrecargados, es muy difícil trabajar. Los jueces suplen con voluntad y esfuerzo la falta de medios. Los ciudadanos creen que no se está ayudando a jueces y fiscales en esta tarea.

-¿Está habiendo un ataque frontal del poder político hacia jueces y fiscales para impedir la investigación de la corrupción?

-Es mucho más sutil, cuando no se dan medios a los jueces de alguna manera hay una presión, no puede haber rapidez. Y si se suma a ello la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a instruir en seis meses o 18, muchas conductas van a acabar impunes porque no se puede cumplir.

-¿Hay preocupación entre jueces y fiscales?

-Mucha, todo el mundo coincide en que la Justicia es la gran abandonada, desde 2014 no se crea ni un solo juzgado en España. Esto es significativo de lo poco que le importa la Justicia al Ejecutivo.

-¿Coincide con el fiscal de Murcia, se persigue más al delincuente común que al grande?

-Lamentablemente es así, hay una delincuencia muy simple, el que roba gallinas, pero la gran delincuencia económica, de blanqueo de capital, de lavado de dinero, es muy sofisticada, con sedes en paraísos fiscales y un juez con su ordenador no puede llegar tan lejos, por eso a los más poderosos les resulta más rentable delinquir.

-¿Hay esperanza o esto seguirá así?

-Hay esperanza porque tenemos un Poder Judicial y quiero creer que el PSOE va a tratar de modificar estas cosas.