Cuando la digitalización de la Administración de Justicia era una utopía casi inalcanzable, Juan Manuel Gago tomó el toro por los cuernos y, contra viento y marea, hizo de Zamora una experiencia piloto que marcó el camino. Sin duda, ese espíritu moderno y arriesgado le han valido el prestigio y reconocimiento que le han sentado en la Presidencia del Consejo de Procuradores de Castilla y León. Ahora, reivindica más competencias para los procuradores

-¿Cómo surge la presentación de su candidatura al Consejo de Procuradores de Castilla y León?

-Fernando Santamaría, el anterior presidente, agotó los dos mandatos previstos por el Consejo y se acordó una candidatura de consenso, conmigo a la cabeza.

-Eso quiere decir que Juan Manuel Gago tiene peso entre sus colegas.

-La candidatura de presidente estaba abierta a los colegiados que han participado en juntas de gobierno del Consejo de la Procuraduría de Castilla y León, y que tuvieran años de ejercicio. Es una satisfacción personal que se pensara en mí como el más conveniente, que el resto del pleno del Consejo creyera que yo era la persona idónea y adecuada para asumir el cargo. Dada la situación actual, es una responsabilidad muy grande, pero hay ilusión y ganas

-¿Cuáles son los retos que tiene por delante, con esa situación compleja que atraviesa su profesión?

-Tenemos que seguir liderando la modernización de la Administración de Justicia como hemos hecho ahora, mantener la absoluta colaboración con Ministerio de Justicia en esta revolución digital que se está realizando. Tenemos un campo muy amplio en la mediación, una apuesta del Consejo General de la Procuraduría, con Instituto propio. Debemos trabajar en la Ley de acceso a la profesión y con las universidades para estar en contacto con los futuros procuradores. Nos estamos adaptando constantemente a una sociedad cambiante y tecnológica.

-¿Qué papel pueden jugar en esa modernización de la Justicia?

-Hay que potenciar el uso del portal de depósitos y subastas del Consejo General, homologado, alternativa al del Boletín Oficial del Estado que tiene en marcha el Ministerio de Justicia. Nuestro portal es más ágil, más barato y menos complejo a la hora de participar, está a disposición de instituciones o empresas que tengan que realizar una subasta, el ejecutante solo debe llevar el edicto del secretario judicial al portal de procuradores.

-La digitalización del sistema judicial, aquella experiencia piloto para implantar el servicio telemático entre los procuradores, le costó enfrentamientos con sus compañeros. El Ministerio lo ha adoptado, ¿ha concluido el largo camino?

-El salto es cualitativo, muy importante, todos los escritos son telemáticos desde enero de 2016, y desde el uno de enero ya se puede emplazar y citar judicialmente a las entidades jurídicas (empresas, bancos, compañías de seguro) a través de un correo electrónico corporativo que sirve para que la Administración de Justicia comunique cualquier demanda o requerimiento judicial, citación, prueba documental, etcétera. Esa comunicación puede hacerse a través de los procuradores, se puede pedir en la demanda.

-¿El ciudadano debe creer que se agilizará la Justicia?

-Agiliza la justicia y facilita el trabajo, no hay papel y es mucho más cómodo y rápido, además, abarata costes. Hasta ahora, todas las demandas dirigidas a empresas y entidades iban en papel, lo que requería que el Servicios Común de Notificaciones tuviera a un funcionario para llevar la demanda. El año pasado hubo 110.000 notificaciones a procuradores, que nos ahorraremos en papel y en tiempo invertido.

-¿Ese ahorro en qué se traduce exactamente?

- El 40% de las 600 notificaciones de cada juzgado, en torno a las 2.000 demandas que entraban en papel, se harán ahora telemáticamente, el papel saldrá del juzgado, dejaremos de verlo en las oficinas. Ahora ya todo está digitalizado, con copia de documentos y todo, se reenviará a través de servicios comunes o del procurador que asuma esa función.

-¿La informatización no pone en peligro la profesión del procurador?

-No, lo que hace es crear nuevas formas de dar el servicio. Antes era en papel, ahora es con un sistema digital; antes se iba a casa del señor a emplazarle y ahora se soluciona con un correo electrónico. La función de representar y dar servicios a ciudadanos continúa.

-La implantación de la Oficina Judicial, volverá a revolucionar el trabajo de los procuradores. ¿Qué dificultades prevén?

-Requerirá una nueva adaptación de la profesión a la forma de trabajar. Los procuradores y los abogados desapareceremos físicamente en los juzgados con el papel cero, así como los ciudadanos, al pasar a un sistema de trabajo telemático. La gestión interna y el trabajo de los profesionales será distinto a como lo conocemos ahora. Las funciones serán las mismas, se trata de un cambio en la forma de trabajar.

-¿Cómo se presenta el futuro sin preferentes, asunto estrella que les ha salvado las cuentas en estos tiempos de crisis?

-Seguimos el ritmo de la sociedad, si se está en época de expansión, nosotros también; si hay un retraimiento de la economía, nos afecta. Soy optimista, la litigiosidad en España existe y continuará, aunque habrá nuevas formas de adaptarnos. Los proyectos del Consejo van encaminados a demostrar que podemos tener protagonismo en la ejecución de las sentencias, asumirla, con supervisión judicial, igual que hemos tenido en la informatización de la Administración de Justicia. Reclamamos para ello nuevas competencias.

-¿Qué competencias?

-En actas de ejecución, embargos, lanzamientos... Supondrían una descarga para los juzgados, que fundamentalmente están atascados por esto. Una demanda de reclamación de cantidad o de responsabilidad civil, de cumplimiento de un contrato, puede tardar un año y la ejecución mucho más porque Justicia no tiene la misma agilidad que nosotros para conocer las circunstancias de la persona afectada. Los recursos de la Administración son más limitados y menos operativos.

-¿Simplifican ustedes el trámite?

-Sí, porque si el acceso a la información sobre la persona a la que hay que ejecutar en horario indiscriminado, el procurador lo puede hacer a cualquier hora en un día o dos, un juzgado tarda semanas. Es una antigua reivindicación y es el momento de hacerla con más vehemencia.