La Guardia Civil ha formulado un total de 340 denuncias por exceso de velocidad en la provincia durante la campaña especial de vigilancia y control de las carreteras llevada a cabo entre los días 22 y 28 de agosto. En el mismo periodo, según los datos de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, se han llevado a cabo 5.346 controles. En términos regionales se han llevado a cabo 80.053 controles de velocidad y han sido denunciados 6.746 conductores.

Cada año, asegura la Dirección General de Tráfico, "más de un millón de conductores circulan a velocidades superiores a la permitida, un hecho que en ocasiones acaba en un simple susto pero que en otras deja consecuencias letales no solo para los ocupantes del vehículo, sino para terceras personas que compartían la vía en el momento del suceso".

El Gobierno recalca que la velocidad máxima para turismos y motos en autopistas y autovías es de 120 kilómetros por hora, y de 100 o de 90 en carreteras secundarias. "Teniendo en cuenta estas velocidades, establecidas en el Reglamento General de Circulación, los conductores que las incumplan estarán cometiendo una infracción grave o muy grave, sancionada con una multa de cien a seiscientos euros y la pérdida de entre dos y seis puntos, dependiendo del exceso de velocidad cometido".

En caso de que el exceso de velocidad sea superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida legalmente, y según el Código Penal, la infracción será considerada como un delito y será castigado con pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses (o trabajos en beneficio de la comunidad entre uno y tres meses). En cualquier caso, se privará al infractor del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo superior a un año e inferior a cuatro.