La reclamación de un cliente por la extracción de su cuenta de una cantidad de dinero sin su consentimiento desenmascaró a un empleado de banca de Benavente cuando había detraído 217.800 euros de 25 usuarios, según la acusación, dinero que derivó a dos empresas, Pintado García (de transporte) y José Pintado Castaño (textil), para cubrir necesidades de tesorería y que podría costarle la cárcel.
La Audiencia Provincial, que decidirá sobre las penas de prisión que la Fiscalía Provincial y el Banco Santander exigen para el procesado, tuvo que suspender ayer el juicio que estaba previsto celebrar contra el acusado, de iniciales J.A.P.G., porque faltaba una prueba documental.
El bancario, que reconoció los hechos y devolvió parte del dinero después de que el Banco de Santander se hiciera cargo de los reintegros a los clientes, se enfrenta por un delito continuado de apropiación indebida a cuatro años de prisión que la Fiscalía Provincial exige a la Audiencia Provincial, así como el pago de una multa de 2.400 euros.
La entidad financiera, que ejerce la acusación particular, solicita seis años de reclusión y una multa de 7.200 euros, así como la devolución de los 81.750 euros que aún debe al banco y a dos clientes, más los intereses legales de los años transcurridos sin abonar la deuda.
Para disponer del dinero de sus clientes el procesado habría modificado la dirección de cada uno de ellos, a sus espaldas, al objeto de que las notificaciones de los movimientos que efectuara sin consentimiento no llegaran al domicilio de los titulares de las cuantas que estaba manipulando para hacerse con cantidades que iban desde los 18.200, 15.000 o 10.000 euros, las más voluminosas, hasta los 6.000, 4.000 o 3.800 euros las de menor importe.
El empleado del Santander remitía los recibos a la dirección de la oficina de Benavente en la que trabajaba, "con la finalidad de que la información relativa a estos movimientos llegaran allí y así ocultar las disposiciones irregulares" de las cantidades que iba retirando de las cuentas de los clientes, indica el escrito emitido por el Banco para justificar la solicitud de prisión para el imputado.
Por supuesto, actuó "sin el conocimiento ni consentimiento" de los titulares de las cuentas para efectuar el cambio de la información sobre la nueva dirección y hacerla constar en el sistema informático de la entidad financiera.
Cuando tuvo lugar la denuncia que dio origen al procedimiento judicial que se juzgará en la Audiencia próximamente, el acusado había devuelto parte del dinero retirado, en concreto, había restituido 119.900 y restaba por reintegrar 97.900 euros, precisa el banco. Con posterioridad, J.A.P.G. también abonó a su empresa 16.150 euros, a restar, junto a las otras cuantías, de los 217.800 euros que retiró de las cuentas bancarias de clientes de la oficina en la que trabajaba.
