La ausencia de movilidad a la que están sometidos cientos de médicos de Castilla y León, algunos de ellos en Zamora, retiene a cualificados profesionales en sus destinos a lo largo de años y beneficia la endogamia en determinados centros hospitalarios. La consecuencia más preocupante de esta rigidez es que impide que se ocupan muchas de las denominadas plazas de difícil cobertura, lo que redunda en perjuicio del servicio prestado a la población, especialmente en las áreas rurales. Es lo que dicen los facultativos afectados, que acaban de crear la Asociación por el Derecho al Traslado.
La situación de bloqueo de los traslados es tal que hay profesionales que prefieren seguir como interinos a ocupar sus plazas como propietarios, a sabiendas de que en este último caso, no se podrán mover de su destino en muchos años.
La situación "supone una evidente discriminación tanto para los usuarios como para los profesionales, dificulta el normal funcionamiento de las sanidad pública y obvia lo dispuesta en la ley", según la mentada asociación, formada por licenciados especialistas con plaza fija que desarrollan su labor en los servicios de salud de Castilla y León.
El objetivo principal de la agrupación es promover el mayor número de canales para facilitar la convocatoria periódica y la ejecución de procedimientos de movilidad voluntaria, todo ello de acuerdo con lo establecido en las leyes que afectan al personal estatutario sanitario. Para los impulsores del colectivo, el concurso de traslados debería ser el método de provisión de plazas habitual, como está recogido en el estatuto jurídico del personal estatutario de salud de Castilla y León donde se establece que el concurso de traslados "constituye el procedimiento normal de provisión de plazas vacantes de cada categoría y especialidad así como del mismo nivel asistencial" en los centros e instituciones sanitarias.
La decisión de la Gerencia de Sacyl de no convocar traslados desde el año 2010 ha generado un gasto innecesario en juicios perdidos por la Administración regional, así como un serio trastorno a los profesionales implicados y la consiguiente repercusión sobre la calidad de al atención al ciudadano.
