Los cientos de familias zamoranas que en los últimos años apostaron por instalar en sus casas placas solares, algo que propicia el propio abastecimiento, el ahorro de energía y la "contribución con el medio ambiente", están ahora al margen de la ley. Se trata de todos los hogares a los que el Gobierno en funciones impuso en el último tercio del año pasado el denominado "impuesto al sol", un gravamen que penalizaba el almacenamiento por parte de los consumidores de este tipo de energía. La norma daba a los poseedores de placas solares un plazo de seis meses para que se registraran de manera pública, plazo que ahora ha finalizado con un sonoro fracaso. Poco más de treinta familias en toda España han cumplido los plazos. Solo tres son de Castilla y León y no hay ninguna de Zamora, según los datos que maneja el Ministerio de Industria.

Así, la situación actual es que todos los hogares con placas solares han dado la espalda al decreto. Los afectados, que tienen en sus casas instalaciones de menos de 10 kilovatios de potencia, se enfrentan ahora a sanciones "fuera de toda lógica", indican. La cifra máxima es mareante, pues la norma contempla sanciones de hasta sesenta millones de euros. "Los dueños de una central pueden abandonar en el campo los residuos de un reactor y se les sanciona con treinta millones de euros", indican desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

Durante los últimos días se han sucedido las presiones para el Gobierno recule, unas medidas a las que se han ido sumando algunas comunidades autónomas. Castilla y León está entre las regiones que se han dirigido al Gobierno en este sentido. Entre las compañías eléctricas apuntan en otra dirección y señalan a las asociaciones del ramo como las que han pedido a los usuarios que no registren sus instalaciones para forzar un aplazamiento, con clara esperanza de que el nuevo Gobierno anule este decreto. Los propietarios de placas solares "saben que el funcionamiento del sistema es nefasto y prefieren esperar a que la situación cambie". La plataforma considera que el hecho de que el Gobierno multará a un particular con cifras tan desorbitadas como las que maneja la norma sería "un escándalo a nivel mundial".