Entorno a 200 funcionarios que se acogieron a la asistencia médica con la mutua Muface están a la espera de que el Sacyl cumpla con el mandato judicial que le obliga a asumir los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento por sus tratamientos fuera de la provincia cuando no se dispone del servicio sanitario en Zamora. Un derecho que también tienen los acompañantes del enfermo.

Ni la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ni la ganada en otro juzgado de Instancia de la capital han hecho entrar en razón al Sacyl, que continúa sin abonar estos gastos a una funcionaria que recurrió la negativa expresa de la Junta de Castilla y León, quien logró que los magistrados del TSJ le dieran la razón, lo que sienta jurisprudencia para el resto de casos pendientes.

La sentencia es ya firme y precisa que "los funcionarios integrados en Muface", en virtud de los conciertos de esta mutualidad con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, "tienen derecho" a percibir esas ayudas "porque la asistencia sanitaria no puede limitarse a la médica, sino a todas las prestaciones que, según la normativa del Régimen General de la Seguridad Social, están incluidas". Entre ellas, las que reclamó la funcionaria zamorana, que ha llegado hasta los tribunales para que el Sacyl le reembolse los 150 euros de sus desplazamientos para el tratamiento de radioterapia que no pudo recibir en Zamora, una reclamación hecha "por una cuestión de orgullo", más que económica, indica su abogado, Alfonso Martín Carretero.

El Tribunal Superior se refiere a la Órden de 2003, el Real Decreto del 2000, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y el concierto firmado por Muface con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social que otorga ese derecho a los funcionarios que hayan optado por la asistencia sanitaria a través de Muface.

El empecinamiento del Sacyl por evitar el pago de estas cuantías, en este caso de los 150 euros, llevó incluso a intervenir en contra de la reclamación en un segundo juicio al letrado de la Junta de Castilla y León, explica el abogado de la empleada pública, sin dejar de mostrar su sorpresa porque no se haya cumplido tampoco la sentencia resultante, de fecha del 17 de diciembre de 2015, que fue favorable a la demandante. La personación del letrado de la Junta en contra de esa reclamación no parece tener mucho sentido cuando ya el TSJ se había pronunciado a favor de pagar los desplazamientos médicos de la empleada pública y su sentencia era firme.

Por si fuera poco, el Procurador del Común ya había informado en ese mismo sentido en diciembre de 2014 para instar a la Consejería de Presidencia a "estimar la solicitud relativa a ayudas de desplazamiento por asistencia sanitaria de radioterapia que no ha podido obtener en su localidad de residencia".

En su resolución, exigía a la Junta que diera las instrucciones necesarias para que ese derecho fuera "reconocido de modo igualitario en toda la Comunidad, garantizando la protección integral de la salud en condiciones de igualdad".