Las familias de la joven dominicana de 32 años y su hija de 9 solicitan 56 años de prisión para el único imputado en el doble crimen y pareja sentimental de la mujer, el joven de origen zamorano Raúl Álvarez Ríos, quien confesó el 25 de noviembre que los dos cadáveres estaban en el pozo de una finca en San Vicente de la Cabeza, cerca de donde sus padres tienen una casa.
Un jurado popular decidirá si el procesado es inocente o culpable de estos delitos, ocurridos en Madrid entre las 22.30 horas del 29 de junio y las 8.15 horas del 30 de junio de 2014, poco antes de que Adolfina Puello Sánchez tuviera previsto enviar a la República Dominicana a su hija, Argelys Sánchez Puello, para visitar a su familia, destino al que nunca llegó, donde le esperaba su abuela materna, Altagracia Sánchez Paniagua, el día 30 de junio. La familia de las víctimas, al no localizar a Adolfina, decidió denunciar su desaparición.
La madre de la joven exige 25 años de cárcel para el imputado por cada uno de los asesinatos y otros seis por el maltrato habitual de a su hija y su nieta, con quienes convivía los fines de semana y durante las vacaciones en el piso que la fallecida tenía alquilado en la calle de Sancho Panza, en el barrio de Vallecas de Madrid, donde les habría quitado la vida, según el escrito de acusación.
El abogado especifica que Raúl, de 32 años de edad, retiró dinero de las cuentas de Adolfina con las tarjetas de la joven después del crimen, además de usar los móviles de las dos víctimas y llevarse del piso donde se sitúan los homicidios el televisor y el ordenador de la joven dominicana, aparatos que "escondió en el piso que sus padres tienen en Madrid". Asimismo, la abuela materna de la menor reclama una indemnización de 200.000 euros por la muerte de su hija Adolfina y de 70.000 euros por la de la niña; y la prohibición de que aproxime a Altagracia a menos de 500 metros durante 10 años, a contar tras cumplir la condena.
El abogado de Altagracia sostiene que el imputado aprovechó que la compañera de piso estaba fuera de la vivienda para, "en la intimidad del domicilio, con intención de asesinar a ambas y de robar" a la joven, "darles muerte por estrangulamiento o por asfixia sin que las mismas pudieran defenderse". El letrado sostiene que las dos fallecidas se vieron sorprendidas por la actitud de Raúl, cuya "notable superioridad física respecto de ambas" le permitió cometer el doble crimen y "descuartizarlas, atar los cuerpos por un lado y las cabezas por otro, alquilar un trastero al que llevar dichos cuerpos, la ropa de la cama de Adolfina y del colchón, y la ropa de la cama de Argelys". En el escrito de la acusación particular, se especifica que después trasladó los cadáveres en su vehículo Volkswagen hasta San Vicente de la Cabeza en Zamora (de donde es natural su madre) para "sumergirlos y taparlos con hierros y piedras en un pozo" a dos metros de profundidad, en el paraje Fondalada del Pozón, situado a medio kilómetro de la casa familiar, cerca del río y de una antigua cantera. Los cuerpos permanecieron durante cinco meses en el acuífero, hasta que Raúl confesó dónde se encontraban y llevó hasta el lugar a la Policía Nacional, una vez que la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta tomó la investigación que instruía el Juzgado de Violencia de Género número 2 de Madrid. El acusado, que había estado el día después de la desaparición de madre e hija en la localidad zamorana y había usado el móvil de Adolfina desde allí, confesó en ese momento que había cometido los dos asesinatos.
Por su parte, la abuela paterna de la menor de 9 años reclama una pena de 25 años de prisión para Raúl por el asesinato de su nieta, con la agravante de parentesco, ya que era pareja sentimental de la madre de la menor de edad, y de alevosía o, alternativamente, de superioridad, así como el aprovecharse de las circunstancias del lugar y tiempo para procurar su impunidad. Del mismo modo que la familia de Adolfina, solicita tres años de cárcel para el imputado por un delito de violencia habitual física y psíquica hacia la niña y el pago de 75.000 euros como indemnización por la pérdida de su nieta.
El abogado que representa a la abuela de la niña, a Leonarda Sánchez Robles, que coincide en los términos de la acusación con el otro letrado, apunta que el procesado mintió a la Policía Nacional que investigaba la desaparición de Adolfina y su hija Argelys que la relación de pareja con la joven madre había terminado, que esta estaba implicada en tráfico de drogas. Acusan al Raúl también de llegar a la "agresión física" a la menor "cuando consideraba que la niña se portaba mal, infundiéndola un estado permanente de temor" hacia él que la llevó a contar a su abuela y a su tía paternas que el joven "era su peor pesadilla".
