La Junta de Castilla y León siempre se mostró contraria a la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El ejecutivo de Juan Vicente Herrera protagonizó varios cruces de palabras con el ministro Cristóbal Montoro y con el propio Mariano Rajoy, al entender que esta Ley impactaba de lleno contra las competencias de la administración regional y los derechos de los municipios castellanos y leoneses. El otrora presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Fernando Martínez-Maíllo, tomó partido en esta disputa fraticida por Mariano Rajoy y se convirtió en férreo defensor de la norma. Rosa Valdeón, por contra, se mostró más en consonancia con la opinión del Gobierno regional.
En mitad de esta contienda y con el fin de que la "ley Montoro" no perjudicara a los intereses de Castilla y León y sus municipios, la Junta promulgó el 27 de marzo de 2014 un Decreto Ley con una serie de medidas que ofrecieran garantías a la continuidad de los servicios públicos en la región. Es precisamente esa anticipación la que hará que las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional queden reducidas a la mínima expresión en Zamora.
