La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, presidirá entre el 23 y 24 de octubre la asamblea general de la Asociación de Fiscales, de carácter bianual, en la que se abordarán, entre otras cuestiones, las reformas legislativas que afectan al desarrollo de su profesión. Entre ellas, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que han solicitado se suspenda su entrada en vigor el 5 de diciembre, al no ser posible ya retirarla en este mandato.
La asamblea tendrá lugar en el teatro Ramos Carrión y acudirán 200 fiscales integrantes de esta Asociación, así como vocales del Consejo Fiscal, además de otras 200 personas que ya han confirmado su asistencia como acompañantes de los convocados a la asamblea.
Esta modificación de la LECrim ha levantado en armas a jueces y fiscales, a través de seis asociaciones -entre ellas la Asociación de Fiscales que se reúne este viernes en Zamora- contra la reducción del tiempo de instrucción, al reducir el plazo de investigación entre seis y 18 meses como máximo (artículo 324), lo que a su entender tendrá consecuencias procesales.
Los juristas ya han solicitado la suspensión de esta ley que denominan de "punto final". Se trata de la primera vez que jueces y fiscales lanzan un comunicado conjunto, dada la trascendencia de la reforma.
En el escrito se subrayaba que "establecer un plazo límite sujeto a control" del Ministerio Fiscal "en nuestro modelo procesal, en el que la investigación está en manos del juez instructor, puede resultar absurdo, pues es el propio juez quien ha de controlar la realización efectiva en plazo de sus propias diligencias procesales".
El comunicado lo firmaron Jueces para la Democracia, Asociación de Fiscales, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales, asociaciones de distintas tendencias ideológicas e independientes. Incluso la Asociación Profesional de la Magistratura, que no secundó ese manifiesto de rechazo, exigió no que se modifique la Ley, sino la "revisión y el cambio" y cuestiona que pueda aplicarse en los términos que se ha aprobado.
A estas iniciativa hay que sumar la firma de una carta de rechazo a la LECrim de más de un millar de fiscales de los 2.500 que ejercen en todo el Estado.
