El promotor dice sentirse "una víctima" y asegura que va a pagar

07.07.2015 | 00:47

En el derecho a su última palabra, M. S. B., quiso aclarar varios de los aspectos del juicio y finalmente aseguró sentirse "la primera víctima en este tema". Asimismo, mostró su intención clara de abonar la deuda de 40.000 euros adquirida con la mujer jubilada. El promotor aseguró que "estuve autorizado fehacientemente para la venta de los pisos". Y es que durante la vista oral se discutió sobre si el imputado estuvo solo autorizado a la venta del edificio entero o de pisos. El empresario argumentó esta versión explicando que en el edificio se llegó a crear un piso piloto. En este sentido, el último de los testigos que declaró ayer durante la vista oral aseguró que sabía que M. S. B. estaba autorizado para la venta del edificio entero. Este testigo, fue el encargado de reformar el piso piloto y aseguró que era trabajador de la inmobiliaria Remesal y Salas.

El imputado declaró que la "señora estaba muy dubitativa" y añadió que "no quiso que se le devolviera el piso", en referencia al otro inmueble que según declaró el acusado fue ofrecido a la jubilada. M. S. B. también quiso salir al paso y valorar la situación económica de la mujer y explicó que "ignoraba la situación personal de esta persona". De hecho, afirmó que la mujer parece que "tenía una vida holgada". En su derecho a la última palabra, el imputado aseguró que la venta del piso de Torrevieja tardó siete meses en formalizarse. Por esta venta, el promotor recibió 28.000 euros, según explicó la perjudicada a este diario. Además de este pago por la transacción, la mujer entregó primero al promotor 10.000 en concepto de señal y posteriormente otros 2.000. La mujer conoció a este empresario a través de terceras personas, como declararon varios de los testigos durante el juicio. La primera sesión de la vista se tuvo que suspender porque faltaba una de las testificales propuestas por la Acusación Particular.

La defensa del acusado, a pesar de que solicitó la libre absolución de su cliente, pidió que subsidiariamente y, si el tribunal determinaba que el acusado es culpable, debería de aplicarse la pena mínima del delito de apropiación indebida que es de seis meses de cárcel. El letrado también solicitó la nulidad de las actuaciones por defectos en la fase de instrucción.

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