Sin miedo a la Mordaza

Colectivos locales muestran su rechazo a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana l Desde el Sindicato Unificado de Policía denuncian la falta de información

02.07.2015 | 06:10

Con la llegada del mes de julio entra en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como "Ley Mordaza" debido a la oposición que han mostrado desde hace meses gran parte de los colectivos ciudadanos y políticos. Esta ley -aprobada solamente con los votos del Partido Popular y UPN y rechazada en bloque por el resto de partidos-, sanciona, entre otros, comportamientos como las protestas en infraestructuras básicas para la comunidad o frente a edificios públicos como el Congreso de los Diputados, pero también pena actos tan dispares los comentarios en redes sociales sobre manifestaciones o protestas venideras, las acciones para impedir un desahucio o la pérdida del DNI más de tres veces en un año.

En Zamora, desde hace meses, distintos colectivos se han manifestado en contra de la aplicación de esta ley que, además, podría suponer multas elevadas para los medios y ciudadanos que publiquen fotografías de policías y cuerpos de seguridad del estado en ejercicio de sus funciones. En ese sentido, Susana Arizaga, presidenta de la Asociación de la Prensa de Zamora (APZ), expresa la disconformidad total de los profesionales de la información a nivel local, regional y nacional. "Esta ley atenta contra derecho a la información, protegido como fundamental en el artículo 20 de la Constitución, considerado como tal porque es un pilar básico para formar una ciudadanía libre y con criterio", declara la presidenta de la asociación, que manifestó la "total solidaridad con los compañeros gráficos que van a sufrir recortes en la libertad de su trabajo en manifestaciones públicas". "Estamos convencidos que el recurso a la ley interpuesto saldrá adelante", concluye Arizaga.

Otro colectivo que se ve perjudicado es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuyas acciones para impedir desahucios son ya delitos. "Se trata de una ley antidemocrática y represiva que contempla como infracciones o delitos las ocupaciones pacíficas de las entidades financieras, un nuevo y gravísimo atentado a los Derechos Humanos cometido por el partido Popular, como así han manifestado personalidades como el Comisario de Derechos Humanos del Consejo Europeo", comenta uno de los miembros de la PAH de Zamora, Juan Bartolomé. Sin embargo, el mismo, manifiesta que no se amedrentarán ante esta nueva ley. "No vamos a dejar de parar desahucios, ni de convocar por redes a manifestaciones o acciones, ni de grabar a la policía cuando nos agreden o violentan. No vamos a permitir que nos quiten el derecho a la desobediencia civil pacífica o el derecho a manifestarnos", sentencia Bartolomé.

También se han mostrado en contra de los cambios desde el Foro Ciudadano de Zamora, aunque reconocen que no temen que les afecte más que "a cualquier ciudadano que decide manifestarse", como comenta uno de sus miembros, Antonio Gallego. "El PP ha cometido un error histórico al aprobar una ley con total rechazo político y, sobre todo social. De haber sabido los resultados de mayo, probablemente no lo habría hecho, porque le pesará en noviembre", comentaba Gallego, que como Bartolomé, incide en el rechazo de órganos especialistas en Derechos Humanos.

Desde la Policía no quieren entrar a valorar el contenido de esta ley porque, como comenta el secretario del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Zamora, Carlos Aller, lo desconocen en gran parte. "No hemos tenido ningún curso de formación organizado por el Ministerio y no está previsto hacerlo hasta septiembre. Solamente tenemos información que nos hemos procurado nosotros mismos desde el sindicato porque desde el gobierno central no nos han indicado nada pese a que la ley ya está en vigor", denuncia.

En el otro lado se encuentra la opinión del Gobierno central. El subdelegado en Zamora, Jerónimo García Bermejo, apoyaba la entrada de esta ley que "garantiza los derechos de todos los ciudadanos, no de personas concretas, algo que marcará los derechos fundamentales". Aún así, reconocía las "deficiencias" que pueden aparecer una vez que se ponga en marcha "como sucede con el resto de leyes, pero se trabajará en mejorarlas".

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