Varios vecinos de las viviendas junto al antiguo matadero, en la avenida de Galicia, recurrirán finalmente a la vía judicial contra la Junta de Castilla y León para denunciar los problemas de construcción de las chimeneas y exigir la sustitución de sus calderas de gasoil por otras de gas sin coste alguno para ellos. Los alrededor de 50 afectados llevan casi un mes sin calefacción desde que Industria decidiera clausurar las instalaciones por precaución a consecuencia de un grave escape de monóxido de carbono.
Las viviendas de protección social fueron construidas en 1996, de ahí que los plazos de garantía ya hayan prescrito, y "desde el principio dieron problemas: grietas, humedades, desperfectos...", cuentan los vecinos. Este bloque, conocido como "El matadero", fue reformado en el año 2003 para solucionar estos inconvenientes, "pero a la Junta se le olvidó un pequeño detalle: no reformaron las chimeneas", insisten. Sin embargo y, "en lugar de abordar el problema como es debido reconociendo su error y arreglando el sistema de chimeneas", la administración "ha optado por cortarnos el suministro de gasoil y aunque algunos vecinos han instalado gas en sus casas, la mayoría no se puede permitir una inversión económica de este tipo", plantean en uno de sus escritos los vecinos afectados. En este sentido, tildan de "limosna" el ofrecimiento de Alberto Castro de subvencionar un tercio del coste del cambio de la instalación, tal y como hicieron los vecinos del portal número 6, los primeros en sufrir las emisiones de monóxido de carbono.
Según la plataforma vecinal, la Junta de Castilla y León "tiene que solucionar este problema de una vez por todas porque es su responsabilidad, y no puede ser que en pleno siglo XXI en España 50 familias tengan que pasar el invierno sin calefacción en sus casas", insisten a través de la plataforma digital change.org. Más de 13.000 rúbricas han respaldado ya la petición.
Los vecinos ya tienen el caso en manos de un abogado para mover el tema en los juzgados, a la vez que "como medida cautelar de urgencia pediremos en el juzgado ayuda para las familias sin apenas recursos".
En la misma línea, han pedido a través de las redes sociales la dimisión del delegado territorial de la Junta "porque no nos ha vuelto a recibir", indica. Castro se ha reunido en varias ocasiones con los vecinos, la última de ellas, sin haberla solicitado, pero la respuesta por parte de la administración parece inamovible: un tercio de subvención y una moratoria de un año en el pago de las hipotecas.
En cualquier caso, un grupo de vecinos continúa concentrado a las puertas de la delegación territorial como medida de presión, que se endurecerá el próximo 27, sábado, cuando la plataforma vecinal ha convocado una movilización. La manifestación partirá de la Subdelegación del Gobierno y acabará en la Junta de Castilla y León, donde leerán un manifiesto a las puertas de la delegación territorial.
