Los centros adscritos a la Gerencia Regional de Salud en Zamora registraron el año pasado un total de 28 incidentes entre profesionales y pacientes o familiares, cifra similar a los años 2010 y 2011 pero un 55% más alta con respecto a 2012, periodo en el que se registraron 18 acciones violentas, según se ha dado a conocer en la reunión del Observatorio Regional contra las Agresiones al personal de Sacyl. El número de trabajadores agredidos aumentó a 37, un 36% más que los 27 del año anterior.
Sobre las posibles causas que desencadenan la acción violenta, a nivel regional, un 30% se refiere a discrepancias con el criterio asistencial del profesional -bajas laborales, petición de pruebas, prescripción de medicamentos-, seguido de un 22% por disconformidad en el trato, un 26% por problemas psíquicos y un 11% por drogadicción y alcoholismo.
En cuanto al perfil del autor de las agresiones, se mantiene estables los datos relativos al sexo (el registro indica que un 64% son hombres y un 36% mujeres) y la tipología (un 64% son usuarios y un 34% familiares, siendo el 86% de los incidentes protagonizados por una sola persona). Destaca un aumento de la reincidencia, pasando del 16% al 20%.
En el transcurso de la reunión del Observatorio Regional contra las Agresiones, el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, ha anunciado que se han registrado ya 29 sentencias condenatorias por delito contra funcionario público (24 de ellas por delito de atentado y las otras cinco relacionadas con delitos de lesiones, tentativa de agresión sexual, robo con fuerza en las cosas, amenazas o delito de desórdenes públicos), hecho que, a su juicio, supone un apoyo decisivo dentro del plan integral que la Junta de Castilla y León puso en marcha en 2008, con la colaboración en este apartado de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. En Zamora se han registrado tres sentencias condenatorias en 2013.
El año pasado, el teléfono de asesoramiento 902 197 781 recibió 82 llamadas y se abrieron 54 expedientes de defensa penal, un 62% de ellos por parte de profesionales de la medicina. La Junta de Castilla y León puso además a disposición de los profesionales de Sacyl el servicio telefónico 012 para la recepción de las denuncias.
Hay que hacer especial mención a las sanciones administrativas impuestas por la propia Consejería de Sanidad, una figura novedosa que supone un complemento significativo a la actuación judicial, con 12 resoluciones definitivas contra el agresor (dos en Burgos, ocho en Palencia y dos en Valladolid).
Dentro de este apartado destaca la modificación de la Ley de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, de manera que se reconoce el derecho de los profesionales a ser respetados y valorados y se les confiere consideración de autoridad pública y presunción de veracidad, con todo lo que eso supone. Solo Aragón y Castilla y León han regulado hasta el momento esta materia, pero en el último pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se acordó conceder esta categoría a todos los profesionales sanitarios.
