Dos procesados por furtivismo alegan que estaban en zona vedada comiendo bocadillos

Agentes forestales dicen que les vieron con prismáticos y telescopio cortando la cabeza a un corzo y con el arma

 01:10  

SUSANA ARIZAGA La detonación del disparo llamó la atención de los dos guardas forestales que, al dirigir los prismáticos y el telescopio al lugar de donde procedía el ruido, a unos dos kilómetros de distancia, vieron «a un hombre que bajaba por la pendiente y cortaba la cabeza a un corzo» y a otro que todavía «tenía en las manos la escopeta». Les identificaron minutos después sin problemas, «a unos 300 metros» de donde estaba «el cuerpo del animal todavía caliente», según testificaron ayer los funcionarios que vigilaban en la sierra de Porto de Sanabria ese 29 de julio de 2009. «La cabeza del animal no la encontramos», admitieron, si bien inspeccionaron los alrededores, y afirman que al más joven de los imputados por caza ilegal le vieron «lavándose las manos». La captura se había producido en el nevero de El Puente de Porto, donde estaba el vehículo de los dos imputados que los agentes vieron pasar poco antes, «en una zona vedada, de seguridad», en la que está expresamente prohibido cazar. En el maletero del vehículo en el que estaba el hombre de mayor edad comiendo un bocadillo en la parte trasera, cuando llegaron los guardas, hallaron una escopeta en el maletero que, según el criterio de uno de los funcionarios, acababa de ser usada y tratada con aceite para evitar el olor de la pólvora que aún tenía.


Los dos imputados, denunciados por un delito contra la fauna, negaron cualquier responsabilidad en la muerte del animal, al que aseguraron ni haber avistado, y justificaron su presencia en Porto, a unos 300 metros del refugio del Marmolín, porque «hacía un día nefasto, con viento y frío a pesar de ser julio», cuando se dirigían al coto en el que tenían permiso para cazar y decidieron «parar a comer un bocadillo» y no continuar camino. Ese fue el principal argumento, la pertenencia desde mayo de 2009 a un coto de la sierra sanabresa, por lo que el titular de ese permiso, cuyas iniciales son J.M.DM., al que acompañaba el procesado más joven, de iniciales J.S.V., no tenía necesidad de cazar fuera de ese recinto.


Los agentes se mostraron convencidos de la culpabilidad de que quienes ayer se sentaron en el banquillo de los acusados, un hombre, que como aval de su recto comportamiento como cazador colocó su trayectoria y su reputación como médico en ejercicio durante años (jefe del servicio de Radiología de un Hospital de la región), y los «más de 40 años» de práctica de la caza. El otro de menor edad, ya fue «condenado en el año 2005 por caza ilegal», indicó la fiscal que exigió ayer multas de 2.520 euros para cada uno de los procesados y la prohibición de cazar durante dos años y seis meses a cada uno de ellos.


Los dos guardas sostuvieron que «en la sierra solo estábamos ellos y nosotros», en respuesta a las insinuaciones de los dos inculpados que apuntaron que la muerte del corzo sería obra de otra persona e incluso llegaron a decir que los agentes les preguntaron «¿donde está el otro?», extremo que negaron los funcionarios. Estos estaban en una zona alta, «observando a los pescadores en el lago», desde donde, en contra de la opinión de un perito contratado por las partes, con el telescopio y los prismáticos, a la distancia que se hallaban se divisaba el nevero y las inmediaciones y se podía identificar a los dos acusados, que alcanzaron en unos «nueve o diez minutos» tras el disparo. Una versión que dio por buena la fiscal por su «persistente, por su similitud y verosimilitud».


Los abogados de la defensa exigieron la absolución «por falta de pruebas», ya que ni había casquillo que pudiera certificar que se usó el arma, ni hallaron restos del corzo en el coche. El letrado del más joven estimó que la denuncia responde a «un error» al identificar a quienes no habían disparado, al creer imposible que la distancia que separaba a los agentes permitiera reconocer a los imputados. Los letrados consideran que de haberse producido la captura se trataría de una infracción administrativa, no de un delito al no ser el corzo un animal protegido y el paraje en el que se habría producido el disparo no estar marcado como «vedado». En tal caso, la Administración debería abrir un expediente o iniciarse un procedimiento ante el Juzgado Contencioso.

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