La Consejería de Fomento y Medio Ambiente endurecerá las exigencias para declarar nuevas áreas de Rehabilitación Integral, ARI, con el objetivo de ser «más restrictivos».

Esta medida se adoptará dada la escasez de recursos para afrontar estas actuaciones, que financia el Gobierno central, la Junta, los ayuntamientos y los propietarios. Las actuaciones se reorientarán a actuaciones más concretas y específicas, referidas a edificios, y limitadas en el espacio, para priorizar las inversiones.

«Nuestra prioridad es hoy continuar las que están en marcha», dijo el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván a Ical. La Consejería comenzó este año a desplegar una estrategia que persigue regenerar el patrimonio urbano y arquitectónico a través de programas como las áreas de Rehabilitación Integral. Para ello, tiene listos los expedientes de seis nuevas actuaciones, que se promoverán en otras tantas poblaciones para recuperar 1.209 viviendas, lo que obligará a movilizar 24,4 millones.

Fomento compatibilizó en 2011 la ejecución de obra con la tramitación y aprobación de ocho nuevas áreas para rehabilitar 1.346 viviendas en doce poblaciones de la Comunidad. Además, inició los trabajos en 15 áreas de Burgos, Salamanca, Valladolid y Zamora, que obligaron al Ejecutivo autonómico a invertir 93,1 millones al actuar sobre 4.603 viviendas y concluyó otras siete en las provincias de Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

Para este año Fomento se marcó como meta iniciar gradualmente las obras de rehabilitación en seis de las ocho ARI, que fueron aprobadas el pasado año. De esta forma, al desarrollo de las ARI sobre el conjunto histórico de Montemayor del Río, en Salamanca, así como en las localidades de Villafáfila, Villalba, Pajares de la Lampreana, San Agustín del Pozo y El Perdigón, en Zamora, se irán sumando otras cinco de esta provincia y una de Valladolid, en La Pedraja de Portillo.

El departamento de Silván también tiene previsto aprobar este año el decreto que regulará las inspecciones técnicas de edificios y modificará el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. El cambio legislativo endurecerá la estructura legal que sustenta las ITV de edificios. La nueva legislación casi dobla el número de municipios donde será obligatoria para inmuebles de más de 40 años y permitirá al inspector dictaminar en su informe las obras de conservación necesarias para garantizar la seguridad, salubridad y habitabilidad del parque inmobiliario de la región.