«Surgió la oportunidad de tener un chalé en Zamora, a un precio asequible y con ayudas, ya que eran viviendas protegidas por la Comunidad. Nos considerábamos afortunados. Ahora estamos pagando un alquiler, la mensualidad de un chalé cuyas obras ni se han iniciado y esperando ver lo que pasa con el concurso de acreedores de la empresa. Y sin poder comprar otra cosa». Una joven pareja de las que formaban la lista de compradores de los adosados de Residencial «Villaclaudia» expresaba de esta forma la inquietud con la que están viviendo la posibilidad de que el sueño de un chalé en Zamora se esfume. Esta pareja abonó diez mil euros de entrada y está pagando 214 euros al mes, incluso en diciembre y enero, cuando la empresa Metros y Proyectos había presentado ya concurso de acreedores en el juzgado de Zamora que lleva el caso. Las cantidades entregadas están avaladas por una entidad financiera, lo que representa cierto alivio para los compradores, que esperan al menos poder recuperar el dinero.

No se sabe a ciencia cierta cuántos afectados puede haber en estos momentos. «Cuando empezó con el proyecto hace cinco años o seis, se lo quitaban de las manos», cuentan los que se apuntaron en la lista para acceder a una vivienda. Sin embargo, muchos de los contratos firmados han expirado sin que se hayan construido las viviendas, «y esa gente cobró el dinero que había entregado y se fue». Otros, los que entraron más tarde, tienen firmada la entrega de las casas para el 31 de diciembre de 2012 y por tanto teóricamente al menos, están aún el plazo para poder recibir su vivienda. «Nos dijeron que pensaban terminarlas en 2010, pero que ponían 2012 en el contrato por si surgía algún problema que retrasara la obra». Bien es verdad que los adquirientes se están empezando a mover para pedir explicaciones a la empresa y a la entidad bancaria avalista con el fin de conocer la situación real de lo que está sucediendo ya que «parece un tanto absurdo seguir pagando las cuotas mensuales a una empresa en concurso de acreedores». Como el caso de esta pareja hay otros muchos, con cantidades entregadas de ocho mil, 16.000, veinte mil euros...

Otro de los afectados, que ya renunció hace tiempo a su vivienda, pero está a la espera de recuperar el dinero entregado, estima que lo mejor sería «unirse y contratar entre todos un abogado. Yo he ido a la empresa y me dicen que no me pueden pagar, y he acudido a la entidad bancaria, me han pedido todos los papeles, pero no me dicen cuándo puedo recuperar el dinero».

Las parcelas estaban pensadas para la construcción de adosados, con sótano, planta baja y primer piso y una superficie que rondaba los 140 metros cuadrados. Todos contaban con su garaje y su pequeño jardín y tenían la posibilidad de acogerse a las medidas de protección oficial de la Junta, por lo que su precio era asequible para las jóvenes parejas que veían la posibilidad de vivir en una casa independiente, pero en la misma capital. Todos los afectados con los que ha contactado este diario coinciden en afirmar que en estos momentos no creen que la promoción tenga la más mínima posibilidad de salir adelante. Al menos, tienen todos los papeles en regla para reclamar.