El Ayuntamiento de Toro ultima en estos días el proceso de licitación de fincas rústicas de titularidad municipal con el que espera recaudar cerca de 800.000 euros. La concejala de Economía, Ángeles Medina, confirmó ayer que ya ha concluido el trabajo de elaboración del listado de las parcelas que serán incluidas en este procedimiento y que se encuentran ubicadas en los polígonos 1 y 5 del término municipal de Toro. En principio, está previsto que la Junta de Gobierno Local, en la reunión que celebrará el 2 de febrero, apruebe el listado definitivo de parcelas que serán incluidas en este procedimiento de adjudicación, de las que 80 se localizan en el polígono 1, mientras que medio centenar están ubicadas dentro del polígono 5. Destacó Medina que el Ayuntamiento ya ha recibido "bastantes ofertas" de ciudadanos interesados en la adquisición de estas parcelas, entre las que "hay de todo", en alusión a que algunas son de regadío, otras de secano y otras fincas se han destinado al cultivo de viñedo o a pinares.

Por otra parte, Medina reconoció que algunas de las parcelas que serán licitadas en este proceso han sido "ocupadas de forma irregular", por lo que, en el momento en el que se proceda a su adjudicación, las personas que las explotan en la actualidad "perderán cualquier derecho". No obstante, Medina anunció que, una vez licitadas las fincas el expediente será sometido a exposición pública durante el plazo de un mes para que las personas que las ocupan en la actualidad "de forma irregular" puedan "reclamar sus derechos si los tuvieran reconocidos", a través de contratos de alquiler con una duración indefinida o de contratos de mantenimiento. En este punto, la concejala socialista destacó que si estas personas consiguen demostrar estos derechos adquiridos, tal y como estipula la legislación, podrán ejercer el "derecho de retracto", es decir, tendrán prioridad en la puja siempre que igualen el precio más elevado de las ofertas presentadas.

Por otra parte, aunque el Ayuntamiento ha estimado que el valor de las fincas que podrán ser adquiridas por los interesados ronda los 800.000 euros, Medina matizó que el objetivo de este proceso no es "llenar las arcas municipales con la venta de patrimonio", sino regularizar la situación de algunas fincas que "están ocupadas de forma ilegítima" para evitar "situaciones de privilegio de algunos ciudadanos respecto a otros". No obstante, también destacó que algunas de estas parcelas están infrautilizadas.