30 de agosto de 2017
30.08.2017
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La ley española frena a la empresa americana que ofrece crear "niños a la carta"

El creador de Jazztel quiere introducir en nuestro país su oferta para congelar ovocitos hasta que se desee la fecundación, seleccionar el sexo y los mejores embriones

30.08.2017 | 04:23
Martín Varsavsky.

El reloj biológico tiene las horas contadas. Los avances en los ámbitos de la genética y las técnicas reproductivas hacen posible, ya en la actualidad, tener hijos más allá de la cuarentena, en un momento vital en el que las madres pueden disfrutar de una mayor estabilidad laboral y de mejor posición económica. Una posibilidad que empresas como Prelude Fertility, que proyecta instalarse en España, ya ofrece a miles de mujeres en Estados Unidos para que tengan "hijos perfectos" -incluso eligiendo el sexo- gracias a los ovocitos que han congelado en su juventud. Mas para aterrizar en nuestro país, la empresa tendrá que superar los debates éticos y una férrea legislación que dificulta la adopción de un modelo similar al que han implantado con éxito en Norteamérica.

Fundada por el argentino Martín Varsavsky, el que fuera creador de Jazztel, Prelude Fertility oferta a sus clientes, ya sean mujeres o parejas, extraer los ovocitos femeninos (en su caso, también el esperma masculino) en el momento óptimo para la fertilización, seleccionar los mejores para evitar enfermedades congénitas, congelarlos, conservarlos y, cuando la madre/pareja lo decida, implantarle los ovocitos selección ya fertilizados. Todo ello financiado mediante una suscripción mensual de 199 dólares (165 euros, al cambio actual), que en el momento en el que llegue a España, como ha adelantado su fundador, se prevé que sea menor.

Pero en España, este modelo de negocio tendría dificultades para encajar en la legislación actual en materia de técnicas de reproducción humana asistida, reguladas por la Ley 14/2006. "En España hay dos o tres centros que están conservando ovocitos y semen, pero trabajan bajo unas condiciones muy determinadas: tienen la consideración de centros de servicios sanitarios y vinculan la conservación a una práctica de reproducción. Creo que en España no es posible este modelo, si no adaptan sus mecanismos o no se produce un cambio legislativo, creo que se va a rechazar", avanza Marcelo Palacios, presidente de la Sociedad Internacional de Bioética. Palacios basa esa conclusión en que la ley especifica que el material genético que se puede conservar es el que haya sobrado tras una práctica de reproducción asistida: "Si estimulas el ovario para que produzca ovocitos, produce unos cuantos. Pero la ley sólo permite transmitir tres embriones, por lo que tendrás ovocitos y embriones restantes. Y esos son los únicos que se pueden conservar, no los que uno quiera. Si se guardan, es porque de esos embriones, dado que sólo se permite transmitir tres, se pueden usar para un nuevo ciclo de reproducción si fracasa el primero".

En el caso de que el ciclo de reproducción tenga éxito, la ley española permite cuatro vías para utilizar ese material genético crioconservado, tal y como relata Palacios: "Su uso posterior por la misma pareja, la donación a otra pareja que reúna los requisitos de incapacidad para reproducir, utilizarlos en investigación o dejarlos extinguirse, eliminarlos, aunque en la redacción de la ley se usa una terminología diferente".

Dicho de otro modo, la extracción y conservación de ovocitos y embriones, en España, se permite de manera expresa para la reproducción, y es difícil precisar si la actividad de Prelude Fertility puede encajar con los supuestos recogidos en la ley. "Es complejo, pero la ley es muy clara sobre los ovocitos y embriones que se pueden conservar, y bajo qué condiciones. Tendrá que tratarlo la Comisión nacional de reproducción asistida", reflexiona Marcelo Palacios.

El experto gijonés rechaza, no obstante, otras vertientes del negocio de Prelude Fertility. En concreto, la selección de ovocitos y embriones para determinar el sexo del bebé, algo que está regulado por la legislación norteamericana pero que la española prohibe. "Eso no está permitido, salvo que sea para evitar la transmisión de una enfermedad genética", precisa Palacios.

Este apartado concreto de la legislación se corresponde con una de las conclusiones del llamado "Convenio de Oviedo", el convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, firmado en Oviedo en abril de 1997. Un acuerdo suscrito por 21 países europeos pero en el que no participaron, ni siquiera como observadores, China ni Estados Unidos. Precisamente las que hoy son las dos grandes potencias en investigación genética, y que aplican regulaciones propias que desbordan los límites de aquel acuerdo pionero en la aplicación de técnicas como CRISPR, el "copia y pega" de ADN que, además de ser una herramienta crucial en la prevención de enfermedades, abre la puerta a "diseñar" los bebés a través de la modificación de los embriones.

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