La cuarta parte de la población zamorana vive, oficialmente, al límite. Con ingresos, en algunos casos, de poco más de 600 euros al mes, muchos de ellos pensionistas que, además, ayudan a su familia, la sombra de la pobreza viene extendiéndose de forma alarmante sobre una parte de la ciudadanía a lo largo de los últimos ocho años según los datos de consultoras especializadas y de la propia Cáritas. Que la ONG ligada a la Iglesia católica sea tan rotunda al afirmar que Zamora corre peligro de no recuperarse nunca de la durísima crisis económica atravesada por todo el país viene a dejar claro que existe una brecha social que se agranda. Hasta el sector más teóricamente estable laboralmente, la Administración ha adelgazado en 1.500 personas en los cinco años últimos. A ello cabe añadir que la mayoría de los empleados públicos de la provincia pertenecen a las escalas medias e inferiores de la escala del funcionariado.
Los ciudadanos que cuentan con menos posibilidades por culpa de una situación de desempleo prolongada en el tiempo o por los bajos ingresos que perciben solo tienen como salida emigrar o resignarse a las ayudas que puedan proporcionarle administraciones e instituciones. Y así se alimenta el bucle que impide a Zamora progresar y que está creando una provincia a dos velocidades dentro de una Comunidad donde los zamoranos se sitúan en el vagón de cola, porque la pobreza está un punto por encima de la media regional.
Cáritas atendió el pasado año a 13.000 personas, 500 menos que hace un año, pero, según la organización, esta reducción no es achacable a que la situación socioeconómica haya mejorado, sino a la despoblación, la gente se ha marchado en busca de oportunidades que aquí no encuentra. Los brotes verdes que asoman en la emergente prosperidad de determinadas empresas siguen siendo insuficientes para un territorio que continúa dando vueltas sin encontrar un modelo económico que le permita salir del hoyo. Entre esos 13.000 atendidos por la ONG, la minoría es población inmigrante, la provincia expulsa a propios y extraños por culpa de un mercado laboral precario y obsoleto. Tampoco se trata de marginados sociales, muchos de ellos incluso tienen un puesto de trabajo, solo que el sueldo no les alcanza para cubrir las necesidades más básicas. Porque lo más sangrante es que, de ese colectivo, la mayoría, 8.000, recurre a las ayudas que hasta no hace tanto tiempo se consideraban caridad para poder comer, vestirse y pagar los recibos de la luz y el gas. Una situación intolerable y vejatoria, pura vergüenza cuando se echa la vista alrededor y se hacen cuentas sobre el dinero despilfarrado por las distintas administraciones en instalaciones faraónicas que hoy se desintegran sin haber llegado siquiera a funcionar.
Miles de zamoranos que acuden, además, a escondidas, en busca de socorro, porque temen ser señalados en una sociedad donde todo el mundo se conoce. Niños a los que se intenta salvar del fracaso escolar y de la exclusión social a través de programas y actividades que, sin embargo, resultan insuficientes para garantizar la igualdad de oportunidades. Sin políticas de reequilibrio que lo remedien, esos niños raramente podrán completar su educación, acceder a la Universidad o a una formación adecuada, es muy probable que vean limitadas sus posibilidades y se convertirán en nuevos candidatos a la precariedad y al subsidio. Y así, la provincia certificará su propia decrepitud.
Zamora necesita ayuda, pero no dádivas. No se trata de sobrevivir al amparo de la subvención o el subsidio de turno, sino de recuperar la dignidad mediante puestos de trabajo que permitan a la provincia recuperar algo del poder adquisitivo perdido. La propia ministra Fátima Báñez reconocía esta misma semana que ha llegado la hora de que los salarios comiencen a crecer. En un territorio tan dependiente de los servicios terciarios esa subida repercutiría positivamente en el alicaído comercio porque permitiría levantar el consumo. ¿Pero qué empresa puede permitirse subir salarios si su situación económica lastra su viabilidad a medio o largo plazo?
Ese bucle maldito debe romperse de una vez. Resulta urgente abordar medidas que atajen una situación insostenible por más tiempo, porque es indignante que un 25% de los zamoranos bordee la pobreza. Urge una agilización burocrática que reclaman una y otra vez desde la patronal y es necesario atraer inversores estableciendo condiciones favorables para la implantación de empresas, siendo un requisito indispensable la instalación de Internet de banda ancha en toda la provincia. Son, todas ellas, cuestiones cruciales en las que el papel de las administraciones resulta decisivo. Y a partir, de ahí, la colaboración entre las instituciones públicas y la empresa privada debe ser el siguiente paso. La penúltima vez que esa unidad se ha puesto a prueba lleva por nombre "Zamora 10", nacida de un grupo de empresarios entre los que se encuentran algunos de los más destacados, de los que pueden presumir de "brotes verdes", pero que asisten, impotentes, al declive de la provincia. Dos meses después de lanzar la iniciativa persiste la incertidumbre de si, esta vez, el barco llegará a buen puerto.
Da igual el nombre del plan, da igual quien lo promueva, si existen criterios divergentes, los contenidos pueden revisarse y modificarse, pero hay que actuar sin más demora, centrando objetivos y posibilidades. Abordando proyectos realizables que se traduzcan en una mejora de la calidad de vida para esos miles de zamoranos condenados a una situación de pobreza que no debe tolerarse un minuto más.
