La compasión no caduca

La responsabilidad no se zanja con la dimisión o la destitución, sino enmendando errores

07.01.2017 | 00:24
La compasión no caduca

Ya llegaron las nieves a las cumbres y las nieblas se extienden por cauces y valles cubriendo de blanco las ateridas ramas de los árboles. En la ciudad, las luces de las farolas se adornan de un halo brumoso que resplandece en las largas noches del solsticio de invierno. A pocas horas de felicitarnos por el fin del año horrible y la esperanza de poder olvidar pronto las penurias vividas, comienza el año con el lastre del pasado y la exigencia de asunción de responsabilidades por el accidente del Yak-42 que costó la vida a 62 militares en 2003. En su dictamen, el Consejo de Estado reconoce la responsabilidad del Gobierno en la tragedia, y dice que, con anterioridad a la fecha del siniestro, se conocían "hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente". Más allá del archivo del caso por parte de la Audiencia Nacional, al entender que los hechos no eran constitutivos de delito, el alto organismo pondera la responsabilidad patrimonial del Estado al no haber adoptado el ministerio de Defensa, que entonces dirigía Federico Trillo, "las medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría".

Tanto el PSOE, como Podemos, Ciudadanos y ERC, han pedido la destitución de Trillo como embajador en Londres, al entender que debe cesar como consecuencia de su responsabilidad política. Pero del mismo modo que en 2003 el entonces ministro de Defensa no dimitió por el accidente, ni Aznar lo destituyó, a pesar de las dudas sobre el mantenimiento de las aeronaves y los errores en la identificación de los cadáveres, ahora Rajoy quita hierro al caso advirtiendo que "Eso está sustanciado judicialmente" y "Ocurrió hace muchísimos años" lo que ha provocado la irritación de los familiares de las víctimas, que se han sumado a la petición de destitución del embajador.

Acostumbrados a la contundente obviedad de las respuestas del presidente, no parece esta la más adecuada para despachar un asunto de tal calado; pues si por un lado, como argumenta el auto de archivo de la Audiencia Nacional, la ausencia de responsabilidad penal no implica la inexistencia de "cualquier otra responsabilidad de naturaleza diversa"; por otro, el paso del tiempo no decae la que pudiera haber contraído el entonces ministro de Defensa por imprevisión o descuido. Además, esta salida de tono no satisface la obligada compasión que todos -y más aún los gobernantes- debemos a las víctimas y su dolor, que no caduca ni puede extinguirse con los años.

En un intento de templar la indignación, el ministerio de Exteriores ha comunicado que Trillo será relevado de la embajada de Londres, aunque desvincula esta decisión del dictamen del Consejo de Estado. Pero las familias de las víctimas se han apresurado a pedir que no se le adscriba a ningún otro cargo público o de representación, "porque España no merece un representante con tan baja calidad moral como él".

Entre nuestra clase política ha cundido el resguardo de que la responsabilidad política se dirime en las urnas. De tal modo que tanto el premio como el castigo recibido por los electores liberaría al gobernante de las responsabilidades que hubiera adquirido por su gestión política. Sin embargo, la responsabilidad que este asume en el ejercicio del cargo, ni la pueden liberar los electores, ni se zanja con la dimisión o la destitución, ya que aquello que se juzga en las urnas no es tanto el arqueo de cuentas como la expectativa de futuro, y lo que se logra con la pérdida del cargo, ni repara el mal provocado o sobrevenido, ni mitiga sus dolorosas consecuencias. Cuestión aparte, es la evaluación de capacidades para ejercerlo o la indignación que pueda provocar su mantenimiento tras un grave error -como en este caso-, que recomendarían su destitución.

Actuar con responsabilidad en la gestión pública no solo significa asumir los errores y pedir perdón, sino tratar de enmendarlos, compensar a los damnificados e implementar los posibles remedios. Por eso, la satisfacción de responsabilidad que los ciudadanos pedimos a nuestros gobernantes no se logrará por la vía del abandono voluntario del cargo o la destitución imperiosa, sino por la corrección de los errores y la compensación del mal causado.

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