La campaña de recogida de setas en la provincia está siendo peor de lo que se esperaba. La ausencia total de lluvias en junio y julio y la escasez de precipitaciones a finales de agosto y principios de septiembre han diezmado la producción, que se sitúa por debajo del 25% de la media de los últimos años. La cosecha de algunas especies como el boletus ha sido insignificante y solo el níscalo ha mantenido activo el afán recolector de los aficionados. Precisamente la falta de producto es lo que ha hecho subir los precios y ha despertado el interés de buscadores foráneos , sobre todo de países del este de Europa que, organizados en cuadrillas, han entrado a saco en los montes del oeste zamorano, principalmente en los de la comarca de Aliste, donde ha tenido que intervenir la Guardia Civil en varias ocasiones para evitar expolios y también enfrentamientos con vecinos.

La presencia de cuadrillas foráneas de recolectores de setas en los bosques alistanos fue detectada ya en las primeras semanas de noviembre, coincidiendo con el afloramiento de los primeros níscalos, que han alcanzado precios por encima de los 10 euros, una cantidad muy superior a la establecida en los últimos años. La Guardia Civil se vio obligada a redoblar la vigilancia lo que trajo como consecuencia la detención de varios grupos organizados que se hospedaban en la zona y recogían setas para venderlas a intermediarios de fuera de la provincia. Vecinos de la zona sospechan que estos grupos se mueven bajo una estructura mafiosa que está controlada desde el exterior.

Las intervenciones de la Guardia Civil y de los agentes de Medio Ambiente de la Junta, en todo lo que tiene que ver con el robo de productos silvestres, están marcadas por una norma ambigua, que no define claramente ni la acción delictiva, ni las sanciones. Las ordenanzas municipales que regulan la recogida son una muleta que no tiene excesivo recorrido. Ante esta situación los agentes no pueden, en muchos casos, más que sancionar a los recolectores ilegales e "invitarlos" a que abandonen la zona. Como las intervenciones se han producido en la zona de la Raya, lo que se ha hecho es acompañarlos hasta el límite con Portugal.

Las sanciones impuestas son, en la mayoría de los casos, incobrables porque los infractores son insolventes y tienen sus domicilios en otros países, principalmente del este de Europa. Con todo, lo más grave en este conflicto es el enfrentamiento entre foráneos y lugareños, que ya ha pasado de la fase de amenazas, con un riesgo real de que siga creciendo.

La actuación de cuadrillas ilegales en los montes tiene, además, una vertiente económica muy importante. Las fábricas de transformación de envasado de setas que existen en la comarca alistana y que en los últimos años no habían hecho más que crecer, llegando en algún caso a una veintena de trabajadores, se han quedado prácticamente sin actividad esta campaña, porque el producto recogido por recolectores foráneos organizados ha salido de la zona, principalmente camino de Madrid y de Levante.

Vecinos de la zona han denunciado otro daño añadido al del robo de setas, el de la forma de recolectarlas, con la utilización de bolsas de plástico y uso de útiles prohibidos como rastrillos y cuchillos con hojas de más de 20 centímetros, que la Guardia Civil ha tenido que requisar. Esta forma de cosechar los níscalos supone destrozar el manto del bosque y perjudicar las cosechas de los próximos años.

La Mancomunidad de Aliste ha pedido una reunión urgente con el consejero de Fomento de la Junta con el fin de plantearle la situación. Los alcaldes de la zona defienden que las cuadrillas ilegales no han llegado a la zona de forma espontánea, sino pagadas por empresarios de otras zonas del país que arriban por la noche a la comarca a recoger la mercancía obtenida. Ante esta situación ya se habla en la zona de explotación ilegal de trabajadores.

Los empresarios seteros de la zona se sienten indefensos ante la acción de los ilegales y piden a los ayuntamientos ordenanzas más rígidas como la restricción de venta de setas en los cascos urbanos al aplicar mayores exigencias. Industriales locales y vecinos confían en que la normativa regional que entrará en vigor en 2017 contemple toda la problemática de esta actividad. En el borrador de esta normativa se fijan muy claramente las condiciones de los acotados micológicos y también del comercio del producto, con diferentes condiciones si el aprovechamiento es regulado, reservado o episódico. También establecerá las cuantías de las sanciones por infringir la normativa.

El aprovechamiento micológico es una riqueza del ámbito rural del que tienen que beneficiarse tanto los particulares como las entidades públicas que ostenten la propiedad de bosques y montes. Resulta imprescindible vigilar y controlar la producción de setas como cualquier otra propiedad. Para eso es necesaria una normativa clara que permita a la Guardia Civil y a los agentes forestales una vigilancia efectiva y perseguir a quienes incumplan la ley. No está el ámbito rural zamorano para desaprovechar sus recursos.