Bueno, pues como estaba anunciado, y mientras se sigue a la expectativa de ver lo que sucede en la lucha interna del PSOE tras las elecciones gallegas y vascas y también por lo que al Gobierno de la nación respecta, resulta que comienzan los juicios por los grandes escándalos de corrupción. En los que en todos, por cierto, está gente del PP como acusada, aunque no sea el único partido implicado. Como sucede con el caso de las tarjetas black, cuya vista se ha iniciado ya y durará, se cree, hasta principios de diciembre, pues son nada menos que 85 los imputados que se sentarán en el banquillo para dar cuenta de este gran dispendio de dinero público de la antigua Caja Madrid, ahora Bankia, cuya reconversión costó al Gobierno la friolera de 22.000 millones de euros, que ya se sabe de dónde saldrán.

Aunque los españoles estemos ya curados de espanto ante la inmensa corrupción política que se va descubriendo poco a poco, y aunque conste de sobra que eso que se descubre no es más que la punta del iceberg, este de las tarjetas opacas ha sido uno de los que más indignación produjo. La entidad, que luego sería nacionalizada, fue la que denunció los hechos, pues se habían otorgado a miembros de su consejo de administración y a algunos de sus directivos unas tarjetas con libertad total de uso, sin justificantes, y que luego se comprobó que no eran reguladas fiscalmente por la empresa emisora. Más de 15 millones de euros se gastaron con las "black", las tarjetas en puro negro, con las que se compraron productos de lujo, se comió en los mejores restaurantes, se durmió en los mejores hoteles, y se sacó de los cajeros cuanto dinero se quiso, todo, a la postre, a cuenta de los contribuyentes.

Los principales imputados son Blesa y Rato, expresidentes de la Caja y Bankia, uno iniciador y otro continuador de la sustanciosa fórmula. Y detrás, además de una docena de altos cargos, aparecía una legión de más de sesenta de miembros del consejo pero que eran en su inmensa mayoría políticos de todos los partidos y hasta sindicalistas. El que más gastó fue Blesa, para el que se piden 10 años de cárcel, pero los demás no le fueron mucho a la zaga, aunque hay que anotar que hubo unos pocos, que se cuentan con los dedos de la mano, y que por tanto no están acusados, que se abstuvieron de usar la tarjeta, que no era de gastos de representación, gastos que en todo caso la mayoría no tenía, sino de libre disposición a criterio de los beneficiarios. Algunos, pocos también, cuando el oscuro asunto saltó a la luz y disparó la alarma social, vieron las orejas al lobo y se apresuraron a devolver lo tan alegremente gastado o parte de lo mismo. Hasta regalos de lencería se habían hecho, según se ha podido comprobar.

Las defensas de los que se sientan en el banquillo se basan, mayormente, siempre en lo mismo: que consideraban el uso de la tarjeta como parte del sueldo, y que ignoraban que no se sometiesen a la fiscalidad correspondiente. Sin embargo, no existe nada que vincule estas tarjetas de privilegio como parte de la retribución salarial. Pero, además de defenderse, piensan atacar acusando a la entidad de haber desvelado la intimidad de sus gastos y pidiendo la nulidad de la vista. Lo que faltaba, vamos.