El Parlamento catalán se ha tomado como un juego político su acuerdo de desconexión del Estado español, y pretenden ignorar que lo suyo es un delito con todas las consecuencias penales, al que los poderes del Estado no pueden permanecer impasibles.

La acción que pretenden llevar a cabo es inconstitucional, es decir: va contra la Constitución Española de 1978, que fue aprobada por la gran mayoría de los españoles, incluido el noventa por ciento de los catalanes. Pretenden ignorar, quienes desde la Generalitat han tomado tal acuerdo delictivo, que España es un país soberano y su territorio pertenece a todos sus ciudadanos por igual, por lo que la decisión de que una región se independice no le corresponde a los habitantes de esa región sino al conjunto de la ciudadanía española. Acaso ¿alguien nos ha preguntado a los españoles si queremos que Cataluña sea separada de España?

Aún cuando se diera el caso de reconocer el derecho del pueblo catalán a decidir unilateralmente su estatus político, un acuerdo tan importante no puede decidirlo una mayoría simple. Sería necesario que existiera un amplio consenso, como el que se exige para modificar el propio Estatut, que requiere una mayoría de dos tercios de la Cámara.

Las consecuencias de la secesión podrían ser de un amplio calado en perjuicio de Cataluña, que no podría ejercer influencia más allá de sus fronteras, debilitándose a niveles geopolítico, económico, industrial, deportivo, cultural...

Ya han sido advertidos los secesionistas que Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea, puesto que la Constitución Europea no prevé la secesión de uno de sus miembros y para hacer valer su identidad tendría que solicitar su incorporación, que exigiría la unanimidad de todos los socios comunitarios. Si no llegara a formar parte de la UEM y del BCE perdería toda potestad de emitir euros, viéndose obligada a comprar euros o a emitir moneda propia con la previsible devaluación y caída de sus ventas al exterior.

Hay otros muchos razonamientos en contra de su "locura secesionista": El hipotético estado catalán tendría que asumir la totalidad del coste de servicios, como Hacienda, Diplomacia, Defensa, Seguridad, etc., etc., que actualmente tiene centralizados y pagamos el conjunto de los españoles. Dentro de su propio territorio, habría una nueva fragmentación, puesto que si se permite la independencia de una parte de España como es Cataluña, habría zonas de Cataluña que no quiere ser independentista y se quedarían en España.

Hay algo que ya está ocurriendo en su contra: actualmente hay más de mil empresas que han trasladado sus sedes a otras provincias del resto de España. Todos estos traslados han sido provocados por el miedo a la secesión. Si se produjese la independencia de Cataluña provocaría, sin duda, una devaluación de su moneda y el valor de las empresas caería en picado.

Este juego político tiene que acabarse, por el propio bien de los catalanes y de todos los españoles.