El consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, se las promete muy felices al creer que el mapa autonómico de titulaciones universitarias va a ser cosa fácil de planificar y ejecutar. Y encima, él echa más leña al fuego, afirmando en varios actos de apertura del curso académico de las universidades que este "mapa descarrilará si no participa el mundo local". Para el consejero Rey, este mundo localista son las autoridades locales y provinciales, a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias, y también lo son los agentes sociales. Claro, que si la universidad, sus estudios, van a pasar a depender de la opinión de alcaldes, presidentes de diputaciones y demás grandes nobles de la región, vamos muy apañados.

En este sentido -el del consejero Rey- es de esperar que los partidos políticos y otras instituciones deberían también decir algo al respecto. Y el pastiche de debate sobre el mapa de titulaciones, localista y regional, habrá que hacerlo cada dos o cuatro años, según vengan las elecciones municipales, autonómicas o generales. Decisiones que serán muy inestables y caducas, pues las alcaldías, diputaciones y cortes cambian notablemente, más ahora con esta vorágine de cambios sociopolíticos en España y en la autonomía castellanoleonesa.

O sea, que se elaborarán de forma bianual o cuatrienal títulos y planes de estudio de las universidades públicas y privadas, para así recibir especiales regalos de los agentes locales. Suponemos que cada uno tirará para su casa -léase pueblo o provincia- y ganarán los que tengan más poder político y social.

Sigue empeñado el consejero de Educación de Castilla y León -y el partido gobernante, PP- en que la universidad es una fábrica de empleabilidad vinculada al mundo laboral. Naturalmente que hay que considerar el desarrollo económico de cada zona, pero no solo pensando en el curro. Se supone que existen ya otro tipo de empleos, autónomos, fábricas y empresas de servicios en cada provincia, en las que las titulaciones o grados universitarios no son tan necesarios, aunque sí los estudios básicos y la FP.

Una cosa es no dar soluciones cocinadas para evitar protestas y enfados desde cada universidad y ciudad, como dice el consejero, y otra elaborar el mapa de la titulaciones. El hecho de que la universidad tenga que estar pegada a la evolución social en cada provincia no debe hacernos caer en el error de hace años: un campus universitario en cada ciudad; un mapa de titulaciones y grados en cada provincia y en cada villa o pueblo grande.

Por cierto, se ve en las intenciones de Rey -y por ende del presidente Herrera- un tufillo de barrer para casa, comparándolas, por ejemplo, con las de la presidenta de Madrid, Cifuentes. Esta, también habla del mapa titulaciones y de buscar anuencias, pero ni nombra al Ayuntamiento de Madrid ni a su alcaldesa Carmena, para consensuar ese "mapa". O sea, que cada uno tiene sus debilidades políticas, porque en la comunidad andaluza ocurre lo mismo.

El rector de la USAL, Hernández Ruipérez, escuchó de boca del nuevo consejero de Educación muchas promesas, también el anterior consejero, Juan José Mateos, las hizo y más de 85% de ellas quedaron en agua de borrajas. Rey, al ruego del rector salmantino de una financiación estable plurianual para las universidades, prometió un nuevo modelo de financiación en las universidades castellanoleonesas con tres tramos: básico, competitivo y singular.

Y esta promesa tiene su truco, pues la nueva Ley Autonómica de Universidades no va a ser café para todos; o al menos, no será igual para todos. Existirá una financiación básica ligada fundamentalmente a la docencia y a los estudiantes. Otra, por objetivos, en función de los resultados de cada universidad, tanto en docencia como en investigación o transferencia de conocimiento, favoreciendo a los que obtengan más productividad y eficiencia en estos temas. Y en cuanto a la financiación singular o complementaria, es de destacar lo que percibirá la USAL como Campus de Excelencia internacional, con las áreas de Enseñanza del Español y Biociencias, como referente y lanzadera de las universidades europeas en América Latina, y con la celebración del VIII Centenario.

Otra cuestión es la estrecha vinculación que deberá existir con el mundo empresarial en el apoyo al I+D+i que se desarrolle en las universidades. Sea en Castilla León la Estrategia Regional de Investigación e Innovación (RIS3), el nuevo Plan TCUE 2015-2017 y el apoyo a otros servicios de información, orientación y prácticas en empresas. El I+D+i (entre universidad y empresas) es una de las actividades de mayor impacto en el avance del conocimiento y en el progreso económico y el bienestar social de una región. Por eso, insistimos, para una comunidad como la castellanoleonesa debe ser no solo en Tecnologías y Ciencias, sino también en Humanidades y Sociocultura.

Es muy necesaria una reflexión, entre todos, sobre el modelo de Universidad pública que queremos. Pero mucho nos tememos que algunas universidades, la USAL entre ellas, están ya potenciando un gran impulso de los valores educativos con intereses económicos e ideológicos neoliberales. Hay una tendencia a la "sumisión asfixiante" hacia los organismos financieros nacionales, europeos e internacionales, y a los imperativos sociopolíticos de los distintos gobiernos autonómicos. Estamos en contra del mercantilismo en la educación universitaria, y rechazamos el "low cost" educativo. Puesto que está muy claro el valor social de la Universidad pública y su función primordial, ¿no será esta, fundamentalmente, dar la mejor formación posible a los estudiantes?

Nuestros esfuerzos educativos deberían estar orientados, más bien, a crear, educar y formar a sus alumnos y titulados, en impulsos de ideas innovadoras, creativas, y fomentar la industria educativa y sociocultural castellanoleonesa. O sea, fomentar un ecosistema de innovación abierta al servicio del aprendizaje, la investigación y la creatividad.

En fin, que a causa de este mapa territorial de las titulaciones, se va a desatar antes o después de las elecciones generales una gran trifulca de togas universitarias y de bastones o varas de mando de los alcaldes y presidentes de diputaciones. Pero, entre todas estas opiniones, debe primar la de la propia universidad pública y la de sus expertos de educación superior. Estar atentos a las voces y dictados de los mercados financieros y laborales, sí; pero nunca ser serviles de ellos.