Zamora no puede permitirse el desequilibrio actual entre su número de pensionistas y cotizantes. De no corregirlo, está abocada a ser irremisiblemente una provincia dependiente, incapaz de sufragar por sí misma las prestaciones mínimas imprescindibles.
La provincia suma 57.024 afiliados a la Seguridad Social por 50.744 pensionistas, lo que supone un ratio de 1,12 cotizantes por cada perceptor de un subsidio. Los sindicatos ya han advertido que si el sistema tuviera ámbito provincial, con estos datos sería insostenible. En Castilla y León la media es de 1,42, por debajo de la referencia estatal de 1,81, en todos los casos cifras alejadas de lo que se considera el punto de equilibrio para el sostenimiento de estas prestaciones, que según los especialistas estaría situado entre el 2,2 y el 2,4.
El sistema de pensiones está basado en principios contributivos y de solidaridad intergeneracional. Resulta imprescindible el equilibrio entre el número de cotizantes que generan ingresos y el número de beneficiarios. La crisis no ha ayudado a ajustar los dos factores, todo lo contrario. En los últimos cuatro años, España ha ganado casi medio millón de pensionistas y ha perdido un millón y medio de cotizantes. En el caso de Zamora, el número de los primeros ha bajado ligeramente, mientras que el de trabajadores lo ha hecho en casi 7.000.
Es necesario darle la vuelta a la tortilla y engordar la pirámide por la parte de los cotizantes. Una tarea ardua, especialmente en tiempos de crisis. Lo más urgente es incrementar el empleo de calidad, lo que supondría no solo aumentar el número de quienes aportan, sino de las bases de cotización dada la mayor cualificación.
En el primer semestre del año han mejorado las cifras del registro de la Seguridad Social, sobre todo en el régimen de autónomos, pero el leve incremento ha ido asociado a una mayor precariedad laboral, temporalidad y rebajas de condiciones salariales y de cotizaciones. En Zamora y el resto de provincias de Castilla y León, con un problema muy serio de envejecimiento, el 25% de la población es pensionista, frente a algo menos del 20% de media nacional. Los subsidios en la región son bajos, de hecho los jubilados zamoranos cobran de media 727,46 euros al mes, una de las cantidades más bajas de España.
Las pensiones estaban vinculadas tradicionalmente a la evolución de la inflación y garantizaban en cierta medida el mantenimiento del poder adquisitivo. Pero las prestaciones dependen ahora de forma directa de la evolución de las cuentas públicas y de la situación económica del país. La nueva fórmula busca corregir el desfase de las cuentas públicas y hacer que el gasto en pensiones coincida con la aportación a través de los ingresos de los trabajadores en activo. El poder de compra de los jubilados está, más que nunca, ligado a los resultados económicos.
Como el equilibrio se ha ido al traste por la caída de la recaudación como consecuencia de la debilidad económica, el Gobierno está echando mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, una hucha que se creó hace años y que hace posible el cobro de los subsidios sin que se produzca un endeudamiento insostenible. Un elemento más de riesgo.
El desequilibrio que existe en Zamora entre pensiones y cotizaciones es insostenible. La provincia necesita aumentar su actividad económica, algo que solo se consigue de forma sostenible mediante el estímulo de los emprendedores. La constitución de una plataforma para buscar la manera de aprovechar la llegada del AVE es una de las últimas iniciativas puestas sobre la mesa, y no debería desaprovecharse.
Al tiempo, las administraciones tienen la obligación de implicarse con el futuro de Zamora y saldar su deuda histórica con la provincia. Que haya poco más de un trabajador por pensionista es insostenible y obliga a tomar medidas para revertir la situación.
