El pasado día 11 de septiembre Barcelona vivió una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos años, con motivo no ya por la celebración de la Diada, sino por el llamamiento que previamente había efectuado el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para enviar un fuerte mensaje a Moncloa de que Cataluña necesita un pacto fiscal, pues de lo contrario, «el camino hacia la libertad está abierto».
En primer lugar, llama enormemente la atención el hecho de que en ediciones anteriores, esa misma protesta independentista apenas lograba reunir a unas diez mil personas, las cuales eran tildadas, en su mayoría, de «radicales», mientras que en esta ocasión esa cifra se ha visto multiplicada en más de cien veces, situándose en torno a un millón y medio de personas. La conclusión que de ello se extrae no es que las circunstancias hayan empeorado notablemente de un año para otro, motivando de esta manera el incremento en la asistencia de la susodicha marcha, sino que en esta ocasión ha estado plenamente respaldada por el principal partido político de la historia democrática catalana, CiU. Esto nos lleva a afirmar que, prácticamente, solo esas decenas de miles de personas que se han venido manifestando año tras año, a pesar de las descalificaciones que sobre ellos han recaído, creen y luchan fervientemente por la independencia de Cataluña, mientras que el millón restante de ciudadanos que por primera vez participan parece que no tienen capacidad de análisis, reflexión y decisión alguna, sino que son meros peones que acatan los designios ordenados por sus amos políticos, Convergencia i Unió. Lo peor de este suceso es que todo ello deviene ante la posible negativa por parte del Gobierno español a la concesión del ansiado concierto fiscal en favor de Cataluña, lo que podríamos calificar como un chantaje orquestado desde la propia Generalitat, al efectuar el siguiente ultimátum: o pacto fiscal o independencia. Vemos cómo, de nuevo, las pretensiones secesionistas de Cataluña son esgrimidas por CiU como un arma arrojadiza para la consecución de objetivos políticos, al margen del interés o los anhelos de sus votantes.
Pero, ¿qué hay de cierto en las declaraciones vertidas por dirigentes de CiU, respecto al supuesto «expolio fiscal» al que es sometido Cataluña por parte del Estado español? En la presentación del pasado 12 de marzo de sus balanzas fiscales de los años comprendidos entre el 2006 y el 2009, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, dio a conocer el resultado de las mismas, en el que se refleja que esta Comunidad podía tener un déficit tanto del 9% como del 5%, dependiendo del criterio que se utilice para su cuantificación, es decir, si es bajo la óptica del flujo monetario o del beneficio, según si se neutraliza el ciclo económico o no. Pero, el informe presentado por Convivencia Cívica Catalana indica, a este respecto, que desde la Generalitat se «ocultaron los dos valores reales, entendemos que por motivos políticos, dado que para el año 2009 indicaban, según el método de carga-beneficio, un superávit fiscal para Cataluña de más de 4.000 millones de euros y un déficit fiscal casi nulo según flujo monetario».
Observamos pues que según el prisma con el que se miren esos datos se pueden extraer conclusiones totalmente opuestas, pero en lo que a fiscalidad se refiere en el año 2009 el Estado recaudó en la Comunidad de Madrid 67.000 millones de euros, mientras que en Cataluña tan solo 28.000 millones, por lo que de esta manera queda refutado el mito de que Cataluña sigue siendo la locomotora económica de España.
Otros hechos a destacar serían cómo desde CiU y Esquerra Republicana han fomentado, conjuntamente, la idea de que todo lo bueno que le ha ocurrido a Cataluña desde la instauración de la Democracia ha sido, exclusivamente, por el esfuerzo y sacrificio de todos los catalanes, mientras que el actual estado crítico de su economía se debe, en cambio, a la permanencia o integración de Cataluña como una comunidad autónoma de España, dando a entender, falazmente, que la independencia es la solución a todos sus problemas, o más ruin aún si cabe, la errónea percepción generalizada de la sociedad catalana de que gracias a su trabajo están manteniendo, a través de las subvenciones, a la población íntegra de Andalucía y Extremadura. Como conclusión, podríamos destacar la diferencia entre el patriota, que es todo aquel que ama a su país, y el nacionalista, que no respeta la patria de los demás, tan solo tiene en estima la suya, pudiendo afirmar pues que el nacionalismo, independientemente de su índole, es el refugio de los necios.
