Vivimos fechas especialmente polémicas para nuestra Justicia. Afloran las lagunas y vacíos de nuestro ordenamiento jurídico y de su sistema de aplicación. Son momentos en los que escuchamos con inasumible frecuencia, hablar de "fallos del sistema". El desgarrador caso de Mari Luz, la niña de Huelva, ha sacado a la palestra de manera dramática el mal funcionamiento de la Justicia en España. Junto a este asunto, en el que se trasluce una nítida responsabilidad del Estado, afloran otros no menos incomprensibles para los administrados. Un Grapo, asesino de un policía, resulta absuelto porque negligentemente no se ha localizado a la principal testigo del caso. Era agosto, nos dicen. ¿Y qué?, ahora es abril. Un violador que vuelve a violar, uno de tantos, que se ve favorecido por la enfermiza lentitud de la administración de justicia, por la laxitud con la que se trata a los peores criminales y porque, en un sistema tan garantista como el nuestro, lo que debería ser en beneficio del pueblo se vuelve en su contra. Agresores de género que reinciden una y cien veces hasta que ya no hay remedio?
¿No será que en nuestra democracia hemos ido poniendo el arado por delante de los bueyes? Hemos tenido una transición democrática ejemplar, aunque al surgir de un proceso de reforma y no de ruptura con el antiguo régimen, generó un alto grado de complejo en el imaginario colectivo. Para compensar excesos penales de la dictadura, se diseñó un sistema que pone el acento en los derechos del acusado, no en los de la sociedad contra la que aquél ha atentado. Arriesgado, cuando esa aplicación de la norma parte de la previsión de funcionamiento burocrático óptimo (cumplimiento de plazos, procesales, entre otros aspectos, que nunca se ha conseguido). El Código Penal de Belloch incidió aún más en esta línea y agravó los problemas. El buenismo nos lleva a pensar que cualquier criminal es recuperable, reinsertable en la sociedad de manera automática. ¿No será ésta, una de las grandes falacias de nuestro tiempo? Los sectores más "progresistas" consideran al delincuente como una víctima de la sociedad y lo eximen de toda responsabilidad. La idea es simétrica de otra, igual de absurda que defendió en el siglo XIX el penalista Lombroso. El delito -propugnaba- es resultado de tendencias innatas. La cualidad "criminal" va implícita en determinados códigos genéticos -decía-. Llegó incluso Lombroso a indagar en ciertos rasgos fisonómicos de los delincuentes habituales (la forma del cráneo, sobre todo) tratando de encontrar puntos en común que mostraran esa predisposición genética hacia el delito.
Dejó dicho Heráclito, antes de que Sócrates naciera, que "ha de luchar el pueblo por su ley igual que por su muralla". El paso de los siglos ha contribuido a convencernos de que la ley es de los tecnócratas y no del pueblo, que vive plácidamente adormecido. Excepcional el comportamiento del padre de la niña Mari Luz.
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