La Comisión Europea propuso ayer la prohibición de las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos para garantizar un trato más justo para las pymes alimentarias y agricultores. Bruselas lamenta que hasta ahora muchos agricultores han sido los más vulnerables a las prácticas comerciales desleales. Con frecuencia "no tienen poder de negociación" ni formas alternativas para hacer llegar sus productos a consumidores.
El Ejecutivo comunitario propone acabar con las cancelaciones de última hora, las modificaciones unilaterales de los contratos, las demoras en los pagos de productos perecederos u obligar al proveedor a hacerse cargo de los gastos de los productos perdidos.
Asimismo, pide a los Estados miembros que designen una autoridad pública encargada de hacer cumplir las normas y sancionen las infracciones, ya que serán los países los que tendrán el poder de imponerlas. Esta autoridad de aplicación podrá iniciar investigaciones por iniciativa propia o sobre la base de una denuncia, en este caso, las partes que presenten una denuncia podrán pedir anonimato para proteger su posición respecto a sus comerciales. En cualquier caso, fuentes diplomáticas recuerdan que en España ya existen una ley similar, aunque se consideran "optimistas" con la nueva propuesta del Ejecutivo.
"La propuesta de hoy trata, sobre todo, de equidad, de dar voz a quienes no la tienen, para los que, sin tener culpa ninguna, son las víctimas de una posición de negociación débil", ha defendido hoy el comisario de Agricultura, Phil Hogan, en rueda de prensa. El Ejecutivo también defiende la prohibición de este tipo de prácticas desleales ayudará a que "aumente la confianza en la cadena de suministro" y compensará la "falta de poder de negociación de estos operadores", así como más certidumbre. Por ejemplo, los agricultores estarán más protegidos en caso de que haya una cancelación de última hora y deban buscar un nuevo comprador, una de las principales quejas de las cooperativas.
