El transporte público en Fontanillas, Riego y Granja de Moreruela

La incongruente concesión administrativa es para los usuarios una incompetencia manifiesta de la Consejería de Fomento

28.07.2016 | 00:57
El transporte público en Fontanillas, Riego y Granja de Moreruela

Los emigrantes que están a punto de llegar a disfrutar del merecido descanso en sus pueblos durante el mes de agosto probablemente no entiendan muchas de las cosas que pasan en su región de origen, con casos como el del transporte público de las localidades de Fontanillas de Castro, Riego del Camino y Granja de Moreruela, que es sencillamente de "locos". El servicio de transporte público de las tres localidades lo tienen por duplicado la empresa Vivas Santander por la línea Zamora-Benavente, y la de Santiago Castaño por la línea Zamora-Villanueva del Campo, y coincidentes en estas tres localidades y en ambos casos por concesión administrativa de la Consejería de Fomento y vigente hasta el 2020. Lo que inicialmente podría ser una ventaja se ha convertido en un auténtico calvario, después de que una sentencia judicial les impide utilizar en estas tres localidades el servicio de Vivas Santander. Los vecinos de las tres localidades ven pasar los coches de ambas líneas pero solo pueden utilizar el servicio de la empresa Santiago Castaño, que consideran les ofrece menos servicios, incluido el del fin de semana que no les ofrece y Vivas Santander sí. Quienes quieren utilizar los servicios de esta empresa tienen que trasladarse a la vecina Santovenia del Esla, en el caso de Granja de Moreruela, porque ahí no existe esta dualidad en el servicio.

La incongruente concesión administrativa, para los usuarios, es una incompetencia manifiesta de la Consejería de Fomento ante la que tanto los ayuntamientos afectados, equipo de gobierno y oposición han agotado todos los instrumentos a su alcance para corregir este dislate sin éxito alguno, porque no encuentran manera de corregirlo hasta que no concluya la concesión administrativa.

¿Es esto ordenar el territorio y los servicios vitales para sus vecinos? El tema es doblemente preocupante, cuando no faltan sesudos políticos regionales que se plantean aprovechar ese transporte y el de "a la demanda", para utilizarlo además para el transporte escolar, y el de los centros de salud, una vez se supriman los consultorios médicos, cuestión esta que ahora ocultan.

Por otro lado, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, pretende ocultar el estrepitoso fracaso, otros lo llamamos ridículo, de la Agenda para la despoblación 2010-2020, trasladando a la Comisión Europea la responsabilidad que él no ha sabido ejercer a la hora de atajar lo que todos coincidimos es el mayor problema de esta comunidad, la despoblación. Es la nueva maniobra de distracción aunque esgrima ahora que la Ordenación del Territorio puesta en marcha es toda una garantía para que ahora sí se pueda contribuir a atajar la sangría poblacional.

La realidad es que los hechos no le acompañan: 33 años de autonomía han transcurrido sin abordarlo, y dos años llevamos ya con la "ordenación del territorio" salvadora, y aún tenemos sin cerrar las competencias de las "unidades rurales", el encaje competencial de las mancomunidades, y sobre todo, dónde están las mejoras en la prestación de los servicios básicos a los ciudadanos como la sanidad, enseñanza, transporte público, administración local, etc., etc., que se supone es el objetivo final para paralizar la cacareada despoblación. Hay sobrados argumentos para pensar que es una nueva maniobras de distracción o "teatrillo".

Es evidente que los mapas comarcales realizados en esta pretendida "ordenación", más que una armonización de los servicios es un puzle donde encajar intereses de proximidad y, sobre todo, preparar el camino para la reducción de servicios y costes. En el fondo es eso lo que está detrás de las reivindicaciones que hace la Junta de Castilla y León al Gobierno Central cuando le reclama que en la financiación autonómica han de tenerse en cuenta la dispersión de la población, el envejecimiento, etc. El "no" del Gobierno central se convierte, en este caso, en la coartada perfecta para reducir servicios como los que ya estamos padeciendo en la sanidad pública por ejemplo, con cierre de plantas en los hospitales, reducción de las plantillas, incremento de listas de espera, recortes en los cuidados paliativos, etc., etc. y solo hablando de la sanidad pública, sin darse cuenta que estas consecuencias son las que agudizan la despoblación, justo el problema que dicen querer atajar.

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